Ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte: ésta es la denominación del proyecto legislativo que ya prepara la Consejería de Salud para garantizar el desarrollo normativo del derecho a la muerte digna que se recoge en el nuevo Estatuto. Según explicó ayer María Jesús Montero, consejera de Salud, que compareció en la comisión parlamentaria dedicada a esta materia, el objetivo de esta iniciativa es "garantizar una atención adecuada al final de la vida, evitar sufrimiento en la medida de lo posible y el respeto a la dignidad del paciente".

De este modo, según Montero, los pacientes de la sanidad autonómica tendrán derecho a lo largo de la legislatura que ahora comienza a un acceso rápido a los cuidados paliativos y a recibir atención sanitaria en el propio domicilio. Además, la futura norma que salga del Parlamento prohibirá la "obstinación médica" en aquellos casos en los que ya no sea posible ayudar al paciente y actualizará la actual normativa sobre voluntades anticipadas.

La titular de Salud es consciente del terreno resbaladizo que pisa, dada la facilidad con la que un análisis superficial puede asociar la atención a determinados pacientes en situación terminal a la denominada eutanasia activa. De hecho, Montero, nada más tomar posesión de su cargo, se manifestó dispuesta a "abrir el debate de la muerte digna en Andalucía" pero pidiendo que el asunto se analizase "en toda su variedad cromática", sin reduccionismos.

En realidad, la propuesta de la Junta de Andalucía no supone ningún giro copernicano en la manera -legal y asistencial- de atender estas situaciones, en cuyo núcleo se encuentra la defensa de la dignidad de los pacientes en momentos en los que, precisamente, más indefensos están. Lo que pretende el proyecto legislativo es elevar el rango del derecho a recibir determinadas prestaciones que, hoy por hoy, no llegan a todos los pacientes.

Pero la Junta no va a regular ninguna forma de eutanasia ni se va a ir conceptualmente más allá de lo que ya establecen la ley estatal de autonomía del paciente de 2002 y la ley andaluza de voluntad vital anticipada, de 2003. Salvo que el think tank de los socialistas convenza al actual Gobierno central de lo contrario. Por dos razones: se rompería el consenso trabajosamente alcanzado -especialmente con el PP- en la negociación del Estatuto en este punto y se abriría un debate -el de la eutanasia activa- que el PSOE entiende que no demanda aún su potencial electorado. IU fue el único de los grandes partidos que concurrió a las últimas elecciones generales pidiendo la despenalización de la eutanasia; asunto que no aparecía, curiosamente, en el programa con el que se presentó esta misma formación a los comicios andaluces.