La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado su absoluto rechazo "a las descalificaciones que con motivo del ejercicio de sus funciones vienen sufriendo los fiscales que participan en el procedimiento de los ERE irregulares en Andalucía". Ambas asociaciones han firmado un escrito conjunto en el que critican el "cuestionamiento permanente de las decisiones jurídicas adoptadas por los miembros del Ministerio Fiscal en asuntos de transcendencia política". El comunicado responde principalmente a las declaraciones vertidad por el PP en las últimas semanas en las que apuntaba que los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción a la petición de la juez Mercedes Alaya de contar con las todas las actas de los Consejos de Gobierno de la última década tenían un componente político de apoyo al Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.