El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha decidido archivar la investigación abierta por el uso de las transferencias de financiación en la RTVA, pero mantiene abiertas por el momento la investigación sobre las otro ocho empresas investigadas: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la empresa Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y la empresa para la gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía (Turasa).

En un auto, el magistrado ha decidido citar a finales de octubre próximo a cuatro interventores de la Junta de Andalucía para que declaren como testigos en relación con los informes en los que analizaron si se han producido los "defectos en la contabilización de las transferencias de financiación" a los que se refería la Intervención en un informe.

La investigación a estas nueve empresas públicas, que ahora se ha archivado por falta de indicios sobre la RTVA, fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió la apertura de las nueve causas para investigar las ayudas concedidas desde el año 2003 a estas empresas públicas.

El Ministerio Público consideraba que estas empresas y agencias públicas utilizaron el mecanismo de las transferencias de financiación para el abono de "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa" a pesar de que era exigible en ambos casos, por lo que considera que deben investigarse los hechos en un procedimiento distinto al de Invercaria e incluso al de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya. La Fiscalía considera que es necesario investigar si la utilización de este procedimiento puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, si "existe menoscabo de los fondos públicos".

La Fiscalía señalaba que entre la "abundante documentación" relativa a las operaciones de inversión realizadas por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria consta un anexo -titulado "Memoria de control financiero permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006"-, en el que se recoge que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y las otras nueve entidades o empresas públicas mencionadas "presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".

La Fiscalía enlaza esta consideración con el contenido de otros informes remitidos a las consejerías de la Junta donde se detalla que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquéllas. De tal modo que, de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa".

El Ministerio Público indicaba asimismo que de estos informes se desprende la utilización de las transferencias de financiación para el "abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos".