Jesús Maeztu lo tiene claro, “los hijos menores son la parte más frágil” en la ruptura de una pareja. La decisión que tome el juez que lleva la separación o el divorcio que resulta en contencioso condicionará la vida del niño. Para ayudar a los magistrados de familia en este tipo de disyuntivas existen los equipos psicosociales.

En Andalucía hay 21 de estas unidades de trabajo, pero sus métodos de trabajo, según un informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz, pueden provocar dilaciones de hasta dos años en la resolución de un proceso judicial para dirimir cómo debe ser la custodia de los hijos de una pareja que se separa.

La oficina que dirige Maeztu presentó ayer el documento que hace una radiografía de estos equipos dependientes de la Consejería de Justicia e Interior, pero que vienen siendo gestionados por las delegaciones provinciales del Gobierno de la Junta. Desde mayo, funcionan bajo el abrigo de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un intento por mejorar la organización de estos equipos.

Desde el Defensor del Pueblo Andaluz esperan que el cambio sea para bien, pero hay mucho trabajo que hacer, empezando por el reparto territorial. Los 21 equipos que hay en la región no se corresponden con la población de cada provincia ni la litigiosidad que presenta. Granada, que no es la provincia más habitada, cuenta con cinco de estas unidades, mientras que Sevilla y Málaga tienen tres y Cádiz tiene dos.

En esta última provincia se da la paradoja de que los equipos están radicados en la capital y en Algeciras, pero los juzgados de familia están en Jerez. Esta disparidad se traduce en diferencias en el tiempo que tarda cada unidad de trabajo en realizar sus informes. Van desde los dos años de Granada –pese a que tiene cinco equipos– a los tres meses de Huelva.

El auge de la custodia compartida

La importancia de estos equipos ha ido creciendo en los últimos años de forma exponencial, sobre todo por el aumento del número de separaciones que acaban con la custodia compartida de los menores. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2010 sólo el 10% de los procesos acababan con esta solución intermedia. En 2017 el porcentaje ya supera el 30%.

Tanto los jueces como las partes solicitan cada vez con más frecuencias estos informes periciales, algo que “no ha ido acompasado de un aumento de los recursos personales de los equipos”. Esta situación provoca que la Administración externalice el servicio y las empresas contratadas no siempre contratan a los profesionales idóneos. Por ese motivo el Defensor del Pueblo Andaluz solicita en su informe que se establezca la composición de los equipos por psicólogos y trabajadores sociales.

Entre todas las carencias que señala el documento elaborado por el equipo de Maeztu, destaca la ausencia de un criterio unificado en el funcionamiento de estos equipos. No hay una fórmula fijada para elaborar los informes, ni tampoco se incluye siempre el servicio entre el catálogo de la asistencia jurídica gratuita.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz insiste en la necesidad de fijar los criterios que permitan que los equipos se centren, sobre todo, en preservar “el interés superior del menor”, que debe tener voz en los procesos de separación.