"Lo que funciona, déjelo, no lo toque". Bajo esta premisa Javier Peña, presidente en Andalucía de la Federación de Bancos de Alimentos, muestra su rechazo a la intervención del Gobierno andaluz con el decreto ley contra la exclusión social. Esta federación aglutina a los Bancos de Alimentos en Andalucía, uno en cada provincia. Ellos no entregan comida directamente a los necesitados, sino a instituciones caritativas y de ayuda social. El decreto ley, en su opinión, genera un "totum revolutum que no lleva a ningún parte", afirma Peña, y se entromete en las actividades que organiza la iniciativa privada.

Por esta razón, en los próximos días los responsables de los bancos de alimentos se reunirán para estudiar el texto en profundidad y comprobar "si se vulneran nuestros derechos, ante lo que haríamos acciones, por supuesto". "Somos víctimas en este tema", señala Peña, que se pregunta si el reparto de fondos públicos para estas actividades responde a otras cuestiones. "A río revuelto, ganancia de pescadores", señala.

La comunicación con los dirigentes de la Junta ha sido nula. A finales de año hubo una reunión con el vicepresidente, Diego Valderas, a la que asistieron también Cáritas y Cruz Roja. "Llamaron para preguntar cómo funcionábamos con la intención de apoyarnos y dónde teníamos problemas. Nuestras organizaciones tienen muchos años de experiencia y mantenemos nuestra identidad e independencia. Quedaron en mandar una carta, pero hasta hoy. Intentamos hablar con el otro grupo (PSOE), sin éxito, para que paralizara esto y se encauzara convenientemente, para no crear falsas esperanzas", relata.

"Quieren convertir bancos de alimentos en bancos públicos de alimentos, pero ya existe la iniciativa privada. No puedes obligar por decreto a que te den comida, yo tengo otros componentes por mi lógica empresarial. Cada sitio tiene sus peculiaridades", señala Peña.

El decreto establece que se transferirán tres millones de euros a los ayuntamientos para compra, almacenamiento y distribución de alimentos. Se dará sólo a los de población inferior a 20.000 habitantes, con la justificación de que la red privada no llega, argumento que niega Peña. "Claro que llegamos, puedo poner decenas de ejemplos. Tenemos convenios con las diputaciones". Otro millón de euros serían subvenciones para que las propias ONG repartan los alimentos en comedores. "Desconocen que la realidad de los comedores es muy compleja, no hay muchos y no están todas partes".

En definitiva, el responsable de los bancos de alimentos considera que "son declaraciones de intenciones con efecto de ganar protagonismo, pero la realidad es otra". El rechazo de los bancos de alimentos se une al de Cáritas, que mostró su decepción por el decreto, y al de CCOO, que consideró "insuficientes" las medidas.