El alcalde de Canillas de Aceituno (Málaga), José Manuel Aranda (PSOE), aseguró ayer que desconocía que hacían falta informes técnicos y jurídicos para conceder una licencia municipal para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable. Así lo declaró ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga que le juzga por un presunto delito contra la ordenación del territorio y por el que el fiscal solicita un año de cárcel y nueve de inhabilitación.

Los hechos se remontan a 2006, cuando Aranda otorgó por decreto, aprobado en un Pleno municipal, una licencia para una casa en suelo rústico sin esperar a que la Junta de Andalucía se pronunciase sobre el proyecto de actuación presentado por el propietario y en el que, al parecer, "no quedaba suficientemente acreditado" su vinculación a una explotación agrícola tal y como exige la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. A preguntas del fiscal de Medio Ambiente, el regidor señaló que los informes emitidos tanto por la secretaria como por el arquitecto municipal "eran de procedimiento y no desfavorables" y que "en ningún momento se me advirtió que debía hacerlo de otra manera". Según el alcalde del PSOE, el Ayuntamiento del municipio remitió a la Delegación Provincial de Obras Públicas "todo lo que nos pidió", pero que al "tardar mucho en contestar" se inició el expediente de licencia de obra con su aprobación por unanimidad en el Pleno celebrado el 28 de septiembre de 2006.

Así, justificó el pronunciamiento negativo de la Junta sobre dicha licencia en que "informaba de todo igual" y decía que no siempre. Aunque ante la insistencia del ministerio público sobre su actuación, el alcalde se defendió al asegurar que "yo soy electricista, yo no entiendo de eso", aunque sí matizó que "si llego saber que me iba a encontrar en esta situación no hubiera dado ni una licencia".

Sin embargo, el fiscal insistió en que Aranda "sabía que estaba actuando en contra del ordenamiento jurídico" al conceder la licencia y señaló que "el hecho de ser alcalde exige tener unos mínimos conocimientos y si no los tiene no se puede amparar en el desconocimiento de la ley".