El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana tomará hoy declaración al alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca Rodríguez, por unos hechos que tuvieron lugar cuando era delegado de Economía de la Junta de Andalucía en Granada. La investigación se abrió en 2013 y se centra sobre una serie de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social. El juez investiga si el entonces delegado usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de dichas inspecciones.

En octubre pasado, el instructor amplió la imputación a otras diez personas, entre ellas el alcalde Granada y otros tantos cargos de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas. Junto al alcalde, declara hoy Ana María Barbeito Carrasco, que fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Junta y que con anterioridad ya había prestado declaración como investigada.

El auto del magistrado en el que acuerda estas imputaciones es rotundo y reprocha con dureza la actuación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, cuando era delegado provincial de la Consejería de Economía en Granada. El juez José Ignacio Vilaplana, que investiga la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que el regidor granadino habría efectuado la "ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la Economía Social en esa provincia durante los ejercicios 2010 y 2011, y atribuyendo "de forma injusta y arbitraria" las funciones públicas a las empresas contratistas.

En el auto dictado el pasado 21 de octubre, el juez explica que Francisco Cuenca llevó a cabo la "adjudicación directa" de los servicios a través de sendas "memorias justificativas" y articulados como un contrato menor de servicio, en los que "no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva" por valor de 12.412 euros (IVA incluido) el contrato de 2010 a la empresa Eca Grupo Bureau Veritas y por 12.000 euros el de 2011 a la entidad CRL Consultores y Asesores Asociados SCA.

El instructor entiende que el alcalde atribuyó la "detentación de funciones públicas" a estas empresas contratistas "de forma injusta y arbitraria", y añade que esa "detentación se habría materializado en el empleo de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".

En esta investigación, que se inició en 2013, figuraban hasta ahora siete personas como investigadas, pero con el nuevo auto el juez ha elevado a 17 el número de imputados, que han declarado entre los meses de noviembre y diciembre. Así, el alcalde de Granada ha sido citado a declarar hoy, pero el instructor también citó a declarar a la jefa de servicio de Economía Social en Málaga, Marta González; la secretaria general de la delegación de Málaga, Isabel Gálvez; Manuel Ballesta, jefe de servicio de Jaén; Carmen Béjar, jefa de servicio de Sevilla; Luis Felipe Solana, jefe de servicio de Huelva; Damián Cánovas, jefe de servicio de Córdoba; Julio César Fernández, secretario general de Cádiz; Rafaela María Repullo, secretaria general de Cádiz y Angelina Ortiz, delegada en Cádiz de la Consejería de Innovación.

El juez José Ignacio Vilaplana pone de manifiesto la presunta ilegalidad en la que habrían incurrido los cargos ahora investigados, por cuanto de las investigaciones se desprende que desde "distintos organismos centrales y provinciales dependientes de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta habrían procedido a la contratación de servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección de los cursos de formación ocupacional en Economía Social", contratando a personas físicas y jurídicas pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de las "potestades reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos", tal y como denunció el SAF. El juez insiste en que "de forma injusta y arbitraria" se atribuyó a los contratistas la "detentación de funciones públicas", funciones que la ley atribuye -con carácter exclusivo y excluyente- a los funcionarios.