El perito clave para las acusaciones en el llamado caso Alhambra, en el que se juzga un supuesto fraude en los accesos al monumento entre 2002 y 2005, declaró ayer que durante ese período hubo agencias que facturaron entradas canceladas que fueron supuestamente impresas sin seguir los cauces legales, haciendo uso para ello de los bonos de la Federación de Hostelería y generando un "exceso de aforo". El informe pericial elaborado a petición del juzgado por este profesional, Francisco Castillo Rodríguez, cifró en 7,9 millones de euros el quebranto ocasionado al Patronato de la Alhambra. La mayoría del montante (7,1 millones) habría sido defraudado supuestamente por empleados del patronato y el resto por las agencias Daraxatour y Wit Travel.

Durante la sesión se expuso que los hoteles de la Federación de Hostelería de Granada contaban con un cupo de 200 bonos al día para que sus clientes tuvieran posibilidad de visitar el monumento, de forma que se les suministraba un resguardo con el que podían retirar su entrada. No obstante, según el perito de la acusación, esos códigos también los usaron agencias de viajes y centró parte de su declaración en la empresa Wit Travel, que supuestamente "usaba el código de dos hoteles para retirar entradas de la Alhambra". Por ese método llegó a acaparar en ocasiones "más de la mitad" de los bonos diarios disponibles para los hoteles. El perito ratificó además la existencia de bonos cancelados o que no fueron retirados por los cauces que permitía el Patronato de la Alhambra pero que constan como "facturados" por Wit Travel a través de otras agencias.

Eso hace pensar que pudo existir una impresión irregular de billetes, ya que "al no quedarse el Patronato con el bono original que se había cancelado, la agencia -que lo tenía en su poder- podía imprimirlo posteriormente "por otro cauce", al tiempo que agrega que en este periodo hubo un "alto porcentaje de cancelaciones" de pases. Según el perito hubo ocasiones en las que se facturó varias veces un mismo localizador de entrada.