El abogado Ignacio Rivas, que defiende a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, aseguró ayer a la juez Mercedes Alaya que ésta recibió "amenazas" y también hay constancia de "los partes médicos y los tres accidentes de tráfico sufridos por las tensiones de trabajo y bajo esas amenazas".

Así consta textualmente en el acta de la declaración de María José Rofa, quién se acogió a su derecho constitucional a no declarar en la causa de los ERE fraudulentos. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza civil de 205 millones de euros para la ex asesora de la Consejería de Empleo, que está imputada por tres delitos continuados de malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. En su comparecencia, Rofa sí ratificó el contenido íntegro de sus declaraciones ante la Guardia Civil, en la que realizó importantes acusaciones contra sus superiores en la Consejería. La ex asesora, que se reservó la posibilidad de presentar alegaciones por escrito más adelante, sí que quiso poner de manifiesto que ella no era funcionara de la Consejería, que tenía un contrato por obras y servicios, y en cualquier caso "no tenía capacidad de decisión alguna" y su abogado defendió que "no ha obtenido lucro personal alguno".

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez que imponga a la ex asesora una fianza de 205 millones para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles, mientras que la acusación particular que ejerce la Junta pidió que esta fianza sea de 3,5 millones, y las acusaciones del PP y UGT no plantearon ninguna medida cautelar.

Esta misma petición la realizó el abogado de Rofa, que precisó que "con la colaboración prestada por esta parte al juzgado no entiende que se pueda solicitar o imponer medida cautelar alguna", refleja el acta de la comparecencia.

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a varios imputados también se opuesto a esta medida.