La abogada Raquel Escobar, asesora jurídica de urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella durante los últimos gobiernos del GIL, no dejó ayer títere con cabeza en el juicio por el caso Malaya. Fue implacable con Juan Antonio Roca, con los concejales de aquellas corporaciones y con el ex secretario municipal, todos ellos procesados por corrupción.

La letrada, que declaró como testigo a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, contó que el ex asesor urbanístico de Marbella y presunto cerebro de la trama, tenía en su poder antes que nadie el orden del día con los asuntos urbanísticos que se sometían a la junta de gobierno. Posteriormente los concejales y el secretario municipal acudían a una reunión preparatoria a la sede de Planeamiento, donde él tenía su despacho, y allí el ex asesor urbanístico "proponía el sentido del voto" que los ediles debían expresar en la junta de gobierno. Escobar matizó que intervenía fundamentalmente en los asuntos que generaban mayor controversia.

Esta declaración colisiona con la versión de Juan Antonio Roca, que durante el juicio ha mantenido que estaba al margen de la concesión de licencias urbanísticas, tarea que, según sus declaraciones, se hacía siguiendo las instrucciones de los técnicos y ocasionalmente de Jesús Gil.

La versión de la letrada también perjudica a los concejales que sin excepción han sostenido durante el juicio que se limitaban a aprobar o denegar permisos urbanístico siguiendo el criterio de los técnicos. Raquel Escobar explicó que el equipo de gobierno había alcanzado "un acuerdo político" para conceder las licencias de obra sin tener en cuenta el plan general de ordenación urbana (PGOU) de 1986, sino la revisión que el GIL trataba de sacar adelante y que nunca llegó a ver la luz. Tanto es así que los concejales nunca mostraban "especial interés" por aclarar si una licencia era o no legal conforme al PGOU de 1986.

A preguntas del letrado del Ayuntamiento de Marbella se apresuró en despejar cualquier duda sobre el desconocimiento de los concejales. En primer lugar porque al menos los portavoces de los grupos acudían a las reuniones y, segundo lugar, porque todos disponían de asesores jurídicos para informarles sobre cuestiones urbanísticas.

La testigo también aludió a la autoridad que Juan Antonio Roca jugaba en un Ayuntamiento dirigido por una alcaldesa, Marisol Yagüe, cuyos conocimientos en urbanismo "eran nulos" y a la que le costaba "entender la terminología urbanística".

El tercer frente que, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, atacó la ex asesora de los servicios jurídicos de urbanismo de Marbella fueron las licencias de primera ocupación concedidas por silencio administrativo. Y ahí es donde implicó tanto a Roca como al ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes.

Escobar contó al tribunal del caso Malaya que el fedatario público llegó a expedir certificados de silencio administrativo positivo a edificaciones que no habían obtenido la licencia de primera ocupación por tener los informes jurídicos en contra, entre otras anomalías.

Rememoró que mantuvo una reunión sobre este tema con Juan Antonio Roca y Leopoldo Barrantes en el transcurso de la cual el secretario redactó "de su puño y letra" un texto avalando la concesión de licencias por esta vía. El hecho es que tiempo después empezaron a llegar a urbanismo promotores a los que se les habían abierto expedientes por infringir las normas de planeamiento exponiendo que tenían el permiso de ocupación y, en definitiva, vía libre para vender las casas.