El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que fue delegado del Gobierno central en Andalucía, reaccionó ayer a la orden de la juez María Núñez Bolaños asegurando que ésta contará con "toda la información" que solicite acerca de las prejubilaciones incentivadas por el Estado hace ya más de una década. En aquel momento, Zoido era el representante del Ejecutivo central, presidido por José María Aznar.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ex alcalde sevillano hizo hincapié en que ante cualquier investigación judicial, el deber de los dirigentes políticos y las administraciones es "facilitar la investigación para que la autoridad judicial tenga a su disposición lo antes posible toda la documentación", asegurando que le "consta" que "así se le va a enviar [a la juez Núñez Bolaños] toda la información de la que se disponga".

Porque es necesario, subrayó Zoido, "que se esclarezca todo este escándalo que lleva ya muchos años", al tiempo que reprochó a los gobiernos socialistas de la Junta el presunto uso fraudulento de "miles de millones de euros del dinero de los parados" y emplazando a los socialistas a "depurar" responsabilidades.

Entretanto, el presidente de su partido, Juanma Moreno, expresó el "máximo respeto a la justicia" y la "máxima colaboración" con ella "desde todos los ámbitos políticos e institucionales". A preguntas de los periodistas en una comparecencia en el Senado, en Madrid, Moreno añadió que el PP al respecto de esta cuestión va a "hacer algo que el socialismo en Andalucía no ha hecho", que es "respetar a los jueces y colaborar" con ellos.