Sostiene el PSOE que Juan Ignacio Zoido, el líder del PP, es una suerte de oráculo de la juez Mercedes Alaya, la instructora del caso de los ERE porque, según su versión, conoce antes que nadie los pasos de la magistrada. El número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, acusó la semana pasada a Zoido, y a la juez, de connivencia, pero el del PP no se ha dado por aludido, y ayer, en una entrevista en Buenos Días, Andalucía, de Canal Sur TV, auguró que algún miembro del Consejo de Gobierno de la Junta puede "acabar imputado por los ERE". Zoido, y es una novedad, aseguró que no será el presidente andaluz, José Antonio Griñán. De modo indirecto, señaló a la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, anterior número dos en este departamento cuando lo dirigía Griñán en las anteriores legislaturas. "Han sido muchas las advertencias de la Intervención General sobre que no había procedimiento reglado. Y si se ha producido un fraude, no sólo el que lo propicia tiene responsabilidad, sino también el que lo conoce y mira para otro lado", indicó.

Los informes de reparo del interventor fueron enviados a las consejerías de Hacienda y Empleo, y en el Gobierno ya sólo quedan los titulares de la primera: Griñán, que es presidente, y Martínez Aguayo, que era viceconsejera. Ella ha declarado que recibió los informes del interventor pero no se los envío a Griñán porque el funcionario no había detectado un menoscabo de fondos públicos ni había realizado una advertencia oficial que hubiese obligado a actuar al Consejo de Gobierno.

El informe del interventor no fue de actuación -así se denomina el aviso que hubiera marcado una línea roja-, pero sí realizó, al menos, 15 avisos en los que ponía en duda el procedimiento por el que se concedían las ayudas de los ERE. Martínez Aguayo explicó en la comisión de investigación que había tenido discrepancias contables con el interventor sobre este asunto, pero que él, en efecto, no avisó de un fraude.

Martínez Aguayo se ha convertido en la última semana en el objetivo del PP, después de que ésta indicase en el mismo programa de Canal Sur que los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández tenían responsabilidades políticas en el caso, una opinión que no es la misma que la del PSOE ni la que defendió este partido en la comisión. Según el PSOE, el único responsable político es el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión.

No obstante, Alaya no podría imputar a la consejera por su condición de parlamentaria, debería consultar con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que sería el órgano competente. Zoido fue a más, y también aventuró una posible imputación del ex consejero José Antonio Viera, que es diputado, y su caso debería ser tratado por el Supremo. "En el mundillo está todo el mundo [diciendo] que si se le imputa o no", dijo. Griñán contestó que estas declaraciones son muy "propias" de Zoido, pero "impropias de un líder de la oposición".