El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que representa a Gaspar Zarrías, lamentó este miércoles el nuevo paseíllo al que, según considera, se ha sometido el ex consejero de la Presidencia, y ha señalado que esta nueva declaración tiene una “finalidad claramente política” y ha asegurado que solicitará al juez el archivo de la causa en lo que respecta a su defendido.

Al término de la comparecencia de Zarrías, que también se ha acogido a su derecho a no declarar, la defensa del ex consejero ha estimado que esta citación es una nueva pena añadida a la del paseíllo. “Todo esto forma parte de lo que se llama un juicio paralelo con una finalidad claramente política y en perjuicio de la imagen de los investigados”, ha precisado el letrado, que ha indicado que Zarrías ha tenido que “soportar el zarandeo de la gente que había en la puerta, hemos sufrido empujones, mañana en los medios su imagen será noticia de primera página y todo esto sin que haya una justificación procesal, porque si hubiera una justificación procesal para llamarle que le vamos a hacer”, ha indicado.

El letrado ha añadido que esta nueva comparecencia ante el juez Álvaro Martín, después de haber declarado en el Tribunal Supremo en abril del año pasado, “no tenía ningún sentido porque ya mi defendido y todos los que han declarado el día 16 tuvieron ocasión de declarar ante los tribunales donde estaban aforados y contestar a unos interrogatorios muy extensos y muy completos, donde no quedó ningún tema por tratar”.

Gonzalo Martínez-Fresneda ha subrayado los abogados habían mostrado su deseo de que no se reprodujeran estas declaraciones, porque consideran que “eran inútiles, y a pesar de todo fueron citados y a pesar de que al inicio de sus declaraciones todos manifestaron que se acogían a su derecho constitucional a no declarar, los fiscales han insistido en dejar constancia de una serie de preguntas”.

El abogado ha puesto de manifiesto que dejar constancia de las preguntas va en contra de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que “dice claramente que no se deben hacer constar las preguntas una vez que el investigado ha manifestado que se acoge a su derecho constitucional, porque el insistir en las preguntas no tendría otra utilidad más que violentar o intentar violentar esa manifestación libremente expresada por el investigado”.

“Cuando se formulan unas preguntas que ya se ha dicho que no se van a contestar esas preguntas no pueden ir dirigidas a la persona que está ahí sentada, al investigado, y el acto pierde toda su virtualidad y su naturaleza procesal”, ha añadido. 

En este sentido, ha insistido en que no sabe “a quién van dirigidas” esas preguntas, pero en cualquier caso “la jurisprudencia y las decisiones de los tribunales son claras en el sentido de que cuando un investigado se acoge a su derecho a no declarar, esa decisión como es el ejercicio de un derecho fundamental no puede acarrear para él ninguna consecuencia negativa”.

Por último, el letrado se preguntó si esas preguntas no van “dirigidas al público como pudimos comprobar el pasado 16, cuando las preguntas de la Fiscalía fueron recogidas por todos los medios”.