Jessica Gilda y Javier Montón son hijos de la emigración española en Londres. Sus padres se instalaron en la capital británica cuando Franco pegó el cerrojazo a la Verja en 1969 y, como miles de linenses y algecireños que trabajaban en la colonia, vieron de un día para otro esfumarse el sustento y su vida cotidiana por una decisión tomada en Madrid. Las tensiones por la soberanía del Peñón desembocaron en el cierre de la frontera terrestre de España con Gibraltar, que sólo se abrió con la llegada del Gobierno socialista, siete años después de la muerte del dictador, en 1982, pero las heridas por el aislamiento ya eran hondas. Quedó dañada la moral gibraltareña, cuya única vía de salida fue el barco -la aviación en la época era casi inexistente-, pero también la economía de la comarca del Campo de Gibraltar, acostumbrada a la provechosa relación con la colonia británica, un apéndice de Europa por el que entró a la Península el rock, la penicilina, los anticonceptivos, el café o las medias. Franco recolocó a algunos de los afectados en hospitales y centros públicos de Andalucía, pero no a todos. El cierre de la Verja trajo consigo innumerables relatos de familias mixtas rotas y generó una economía sumergida -la de matuteras y estraperlistas- tóxica para la Hacienda pública pero necesaria para la supervivencia de una comarca siempre desatendida por los poderes públicos. Fueron también aquellos los años en los que Gibraltar tejió la red financiera que le ha hecho fuerte.

De todo aquello -de la interpretación interesada de cada punto del Tratado de Utrecht, del cerrojazo abrupto a la frontera, de la misera instalada en la comarca, de la perpetua ruina del sector pesquero de la Bahía de Algeciras, de la desidía y la provocación política, del recelo gibraltareño...-, de todo aquello, decimos, es hijo el extraordinario ruido que está instalado estos días en torno al Peñón donde un dato da la medida de la diferencia a un lado y otro de la Verja: el Peñón tiene unas 30.000 personas (aunque más de siete mil residen fuera de La Roca) y el pleno empleo es prácticamente una realidad; en el Campo de Gibraltar, con casi 10 veces más población, el paro es un tragedia que alcanza al 40%. En Gibraltar, el salario medio supera los 31.000 euros; en la provincia de Cádiz apenas llega a los 16.000.

Pero de ninguno de los errores heredados son responsables directos las más de 22.000 personas que cada día acuden a su puesto de trabajo en La Roca. De los 21.519 trabajadores en la colonia, 10.731 son gibraltareños de pasaporte. Le siguen los británicos, 4.572, y después es España el territorio que más empleados envía: 3.609. A continuación, marroquíes, 615 y unos 2.000 entre trabajadores del resto de Europa y otras nacionalidades, según los datos de una estadística de octubre de 2012 del Gobierno de Gibraltar. Éste es el registro oficial que maneja la Administración de Fabian Picardo, luego está, como en todas partes, la mano de obra sin contrato y poco cualificada de la que la comarca del Campo de Gibraltar es una de las principales fuentes. "Cuando escucho a Margallo decir que se acabó el recreo me entran ganas de cogerlo de la mano y traerlo a las 07:00 de la mañana a la frontera para que vea a las personas que entran al Peñón, 4.700 españoles. Con el trabajo de la gente no se juega. Y se pongan como se pongan arriba esta piedra va a seguir siendo inglesa". Ésta es la postura que adopta Salvador Molina, presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASCTEG), ante una polémica que le "huele", dice, "a cortina de humo para tapar las vergüenzas del paro y la corrupción en todos los partidos".

Molina, linense ya hoy jubilado, entró a trabajar en los astilleros del Peñón en el 85 y al poco decidió fundar esta asociación "para conocer los derechos, saber qué podía reclamar a Gibraltar y qué a España", explica sobre un empleo que le duró seis años. La industria saneada de los astilleros de mediados de los 80 ha dejado paso al próspero negocio de los servicios financieros y jurídicos, un sector sospechoso de ser la puerta de entrada del fraude en un territorio premiado con atractivísimas exenciones fiscales. Javier Montón, nacido en Londres y trabajador en una multinacional de las finanzas desde hace cinco años, descarta esta tesis. "Los controles se han endurecido muchísimo y ya no se puede abrir una cuenta así como así", apunta sobre la facilidad con la que han proliferado las sociedades fantasma en la colonia. Desde octubre de 2009, explica, "Gibraltar fue añadido a la Lista Blanca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)", un registro por el que los países firmantes se comprometen a compartir la información fiscal. Sin embargo, España sigue manteniendo a Gibraltar en la "lista cerrada " de territorios, considerado un paraíso fiscal al no existir ningún convenio de intercambio de información tributaria.

Es el cerco al evasor una de las patas de este conflicto diplomático que trasciende al lanzamiento de los bloques de hormigón que destruyó un caladero. Así lo ve el empresario inmobiliario James Stewart, un londinense testigo del despegue y complejidad de la comarca en las últimas tres décadas. "Aquí hay dos temas diferenciados: por un lado, la pesca y las distintas interpretaciones sobre el control de las aguas. Sobre esto, la reacción de España me parece desmedida y la de Gibraltar, una provocación. Por otro lado está la persecución de Hacienda a los no residentes en el Peñón que tienen sus negocios radicados allí, viven en España y no pagan impuestos. Es perfectamente justo que se persiga el fraude fiscal pero no que se alimente una mala relación entre España y Gibraltar". Los evasores no nacieron ayer. "A partir del año 85, cuando abrieron la Verja, las autoridades cerraron los ojos y se les dio la bienvenida a todas estas personas que decidieron instalarse en la zona", explica Stewart sobre la contradictoria política de la Hacienda pública española aplicada en esta parte de la costa andaluza. "Si haces una encuesta en la comarca, sale que la población de un lado y otro quiere tener buenas relaciones; si estás en Galicia y ves al presidente agitar la bandera española, aplaudes, claro, pero aquí se ve de otra forma", razona. De hecho, este empresario advierte que "si esta polémica absurda sale mucho en la prensa internacional, se crea desconfianza en los potenciales inversores y afecta a la Marca España, tan maltratada ya por todos los casos de corrupción".

A Javier le "duele" esta situación. "He vivido en Londres hasta los 36 años, he veraneado aquí desde pequeño y mi pasaporte es gibraltareño. Tengo un hermano viviendo fuera de Gibraltar y una hermana dentro. Me da rabia todos esos que hablan sin haber pisado esto nunca", lamenta quien cada día cruza la frontera con su moto para ir a trabajar. "No hay criterio en las colas, unos días esperas más de dos hora, otros pasas corriendo...", explica sobre la rutina que repite también a diario Jessica.

Su pasaporte indica que es española, nació en Londres, se siente "inglesa" -porque allí ha vivivido hasta los 22 años- pero decidió apostar por el amor y trasladarse a vivir a La Línea, donde están las raíces de su familia y adonde volvieron tras años como emigrantes a los que nadie les regaló nada. Está casada con un biólogo linense, es madre de una niña y, como empleada en un multinacional del juego on line, tiene un futuro por delante que no quiere que se emborrone por conflictos diplomáticos "alimentados por los políticos". Ella lo tiene claro: "A mí me encanta vivir en La Línea, pero si Gibraltar volviera a manos españolas, me vuelvo a Inglaterra".

La defensa de la identidad gibraltareña, asegura Stewart, "se ha intensificado desde la llegada de Fabián Picardo", con Peter Caruana, ministro principal de la colonia de 1996 a 2011, "las relaciones eran más relajadas".

"No creo que haya que fomentar el conflicto y sí encontrar los beneficios mutuos. Yo trabajo en una clínica en Algeciras y gran parte de nuestros clientes son empresas de Gibraltar", explica Ana Belén García, linense que siempre ha visto en el Peñón "el plan B si en España me falta trabajo".

En el caso de Rafael Culebras la posibilidad de trabajar como informático en La Roca fue una opción irrechazable. "Hace tres años en Málaga me pagaban prácticamente la mitad de lo que gano ahora y con mucha menos carga de trabajo que entonces. Gibraltar me ha dado estabilidad", compara sobre las condiciones laborales de su empresa, una firma proveedora de páginas de internet, un negocio al alza en el Peñón. "Se trabaja más y se cobra menos que en un país con menos renta per cápita. A pesar de ser importantísimo, en España es un sector muy precario", razona este granadino con compañeros de trabajo de varias nacionalidades. "Cuando les llevo fuera y ven de frente La Línea, tan descuidada, se piensa que el resto de España es igual", explica sobre el deterioro sufrido en el municipio gaditano, cuyo ayuntamiento adeuda nóminas a sus empleados desde hace meses.

El catedrático de Ciencias Políticas Pablo Antonio Fernández Sánchez razonaba en una entrevista en este diario que la única solución para relajar las tensiones a un lado y otro de la Verja es "superdesarrollar el Campo de Gibraltar".