El decreto que prepara la Consejería de Vivienda para sacar del atasco administrativo en que se encuentran los más 550 planes de urbanismo que aún no se han adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) vendrá acompañado de una orden por la que se facilitarán medios económicos a los municipios para culminar sus planes generales de ordenación urbanística (PGOU). El consejero de Vivienda, Juan Espadas, reconoció ayer, tras reunirse con la Ejecutiva del PSOE andaluz, que son necesarios más recursos para el planeamiento municipal. Para solventar esta situación en los próximos días comenzarán las reuniones con las diputaciones y la Federación Andaluza de Municipios para terminar de perfilar el plan de choque para aumentar los recursos humanos en materia de asesoramiento técnico, mejora de las subvenciones y ayudas, además de la simplificación y agilización de los trámites.

Espadas consideró la nueva legislación como uno de los factores que ha llevado a los retrasos en la aprobación de estos PGOU, aunque también reclamó voluntad política a los ayuntamientos "y no responsabilizar sólo a las comisiones de urbanismo". Actualmente son 68 los municipios que ya se han adaptado a la LOUA, aprobada en 2002 por el Parlamento y en la que se fija la instrucción a los ayuntamientos de reservar el 30% de los nuevos suelos residenciales a la VPO. Espadas, junto al secretario de organización del PSOE, Luis Pizarro, recordó que el 78% de los municipios que ya se han adaptado a la normativa están gobernados por los socialistas.

Las consejerías de Economía y la de Vivienda han convocado para la próxima semana a las entidades financieras para desarrollar los compromisos del Pacto de la Vivienda y analizar los "cortocircuitos" que se detectan en la concesión de hipotecas.