En 1999, el año de la muerte de Ana Orantes, la cantidad de mujeres asesinadas por violencia machista se cifró en noventa y una –según estimación del Defensor del Pueblo–. Actualmente, la cifra ronda las cincuenta. El testimonio de Ana Orantes provocó no sólo horror, sino también escepticismo: qué hace esa pobre mujer –esa desgraciada–, contando las miserias en la tele, qué cree que va a conseguir, se ha vuelto loca. Su muerte fue un revulsivo social.

Sería delirante, desde luego, que en todo este tiempo no hubiéramos avanzado. Sobre el papel, a ello han contribuido la Ley Integral contra la Violencia de género, que funciona desde 2004, a la que se sumó en 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero el problema de la violencia machista sigue enquistado: las trece muertes del pasado mes de diciembre llevaron al Ministerio de Igualdad a convocar un primer comité de crisis y, a esta cifra, se unirían las víctimas de lo que va del mes de enero: diez, según la web Feminicidios.net, que registra asesinatos íntimos y no; seis según recuento oficial –una de ellas, la gaditana Eva María Aza, en El Puerto–. De las 49 muertes oficiales por violencia machista en 2022, 11 (un 22,4%) eran andaluzas.

Los repuntes de asesinatos en verano y Navidad llaman la atención, aunque son picos con los que –lamentablemente– las estadísticas cuentan. Miguel Lorente, forense, profesor en la Universidad de Granada y ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, apunta que más allá de que las muertes se puedan concentrar en un periodo determinado –algo que muchas veces escapa a una causa concreta–, lo importante es no olvidar que la violencia machista está presente siempre, es invisible, fuerte y constante: tanto es así, que las muertes de mujeres en estos casos parecen formar parte del ruido “a no ser que dé un repunte de casos o una muerte especialmente dolosa, da la sensación de que sólo respondemos así. La violencia machista se ejerce desde la invisibilidad, el anonimato y la impunidad. Mientras que no abordemos el machismo como construcción social, no estamos tratando correctamente el problema”.

La actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, apuntaba hace unos días la necesidad de revisar el sistema VioGén, que coordina el Ministerio del Interior: está claro que algo cruje cuando el 40% de las mujeres asesinadas en diciembre habían interpuesto una denuncia.

Por su parte, la catedrática de Derecho de la UCA, María Acale, señala que, desde que se puso en marcha la orden de alejamiento en 2003, los índices de protección han ido en aumento: “Al principio, había mujeres que no la recibían porque los jueces estimaban que el peligro era subjetivo y no objetivo y, en cambio, a otras que no lo pedían sí se les imponía. Hoy se aprecian muchas más órdenes de protección en lo que es el control”. También señala que Igualdad ofrecía estos días aumentar los métodos de control telemático, que “probablemente se estén usando poco: no es que se deban aplicar de forma automática pero, dadas las circunstancias en las que estamos de situación de alarma, lo mismo se debían aplicar más por un montón de delitos”.

Desde Sevilla, la abogada especialista en violencia de género, Amparo Díaz Ramos asegura que, a nivel de normativa, la nuestra no es mala si la comparamos con países de nuestro entorno: “El problema –explica– lo tenemos con nuestra estructura administrativa y las normas menores que tienen que garantizar que se cumplan las grandes normas: es ahí donde estamos fallando. A nivel legal, tendríamos una respuesta mucho mejor si las administraciones públicas estuvieran bien diseñadas”.

Probablemente, a esto se refería este viernes la ministra Montero al decir que había que procurar la "llegada eficaz de forma material" a las mujeres víctimas de la violencia machista –si hasta ahora la ayuda no ha llegado de forma material y eficaz, ¿qué ha llegado?–.

El 22,4% de las fallecidas por crímenes machistas en 2022 eran de Andalucía

“Las mujeres suelen acudir a los juzgados sin pruebas ni informes de ninguna entidad pública, ni en ese momento las evalúa nadie a nivel psicológico ni médico para ver qué está pasando. Los servicios no están bien diseñados ni bien dotados, no hay una respuesta presupuestaria suficiente –prosigue Díaz Ramos–. El dinero se aplica a dar formación y debería ser una formación más intensa, abarcando, entre otras cosas el impacto de la violencia en la memoria de las víctimas o en menores. El diseño de los servicios de los centros de la mujer funciona igual que antes de 2004: cuentan con una psicóloga y con una trabajadora social, pero nadie manda informes que vayan al juzgado”. En concreto: el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la orden de protección se puede solicitar a la autoridad judicial, al ministerio fiscal, a las oficinas de atención a la víctima o a servicios sociales, dando comunicación al juzgado. Pues ni se hace ni le dicen a la víctima que se puede hacer allí.

“Se ha creado una ley que en parte no se ha dotado nunca –desarrolla–. En las reuniones de coordinación, estoy harta de ver a personas muy preocupadas que cuentan lo bueno que hacen, pero hay otras que están colapsadas y no pueden hacerlo bien, o no están preparadas para hacerlo. Deberían existir, por ejemplo, grupos externos de evaluación cada seis meses. Hay detalles como que hacemos que caiga sobre las víctimas el hacer visibles fallos y necesidades de mejora; o el peso de la denuncia, cuando pueden denunciar muchas personas. A las mujeres les estamos dando mensajes contradictorios.Y tampoco, creo, se da suficiente eco a los casos de mujeres que lo consiguen, que logran salvar sus vidas y recuperar su dignidad”.

Quejas parecidas menciona Mayca Romero, desde la plataforma feminista Cádiz Abolicionista, que señala que el problema de la lucha contra la violencia de género es estructural: “Los recursos no llegan, los centros están llenos, las citas son eternas y falta personal. Faltan protocolos, falta formación a los profesionales, hay muchos agujeros: ni en Igualdad ni en ninguna concejalía se pueden echar las manos a la cabeza ante lo que pasa cuando sus gestiones políticas se limitan a un minuto de silencio”. Estas hemorragias contribuyen, opina, a que no se denuncie más de lo que se hace: “Dentro de una relación, pueden pasar muchos años hasta que una mujer pone una denuncia. Si estás en una etapa de ‘Voy a pedir información’ y te encuentras con una cita con Asuntos Sociales a cuatro meses vista, pues pueden pasar muchas cosas. Cuando hablo con mujeres que viven con la violencia machista, la sensación es de desorientación, vulnerabilidad y miedo”. La activista señala un detalle a nivel práctico: no es que abunden precisamente la promociones de vivienda pública pero “cuando la Junta rehabilita una finca, un alto porcentaje de esos pisos van destinados a viviendas de una habitación, mientras que las mujeres que podrían solicitarlas suelen tener con ellas a sus hijos”.

Para Mayca Romero, la norma debería ampliar el victimario, “considerar que feminicidio sea siempre de hombre a mujer aunque no tengan relación sentimental, además de cuestiones como el chantaje sexual y acoso a través de redes o la intromisión de la pornografía”.

Concentración en recuerdo de las víctimas de violencia machista, el pasado noviembre en Granada.

El uso de las nuevas tecnologías ha permitido además, indica Díaz Ramos, la aparición de “nuevas vulnerabilidades muy graves. En la era del empoderamiento, era impensable la cosificación tan extrema que se está dando de la mujer, a través de estereotipos de género extremo, y que encima venden como liberación. Internet marca el proceso de socialización de los jóvenes. Cuestiones como el acceso al porno online a muy temprana edad están influyendo muchísimo en la cosificación de las mujeres en las relaciones”.

Es común también el salto que representan, afirman los entrevistados, las zonas rurales. No sólo a nivel de atención o de recursos, que siempre quedan en segunda línea, “sino, también –añade Miguel Lorente–, debido al control social: en el pueblo, la imagen de una mujer maltratada es mucho más negativa. Se activa la trampa de creerte culpable de la violencia que sufres. El 26% de las mujeres que no denuncian no lo hacen por vergüenza. ¿Por qué? Porque te han hecho creer que, tras el maltrato, hay un motivo de peso”.

Aun asumiendo estas fallas, parece que el principal obstáculo está en la transformación de toda esa amalgama de tinta y papel en carne y sangre. Controlamos la palabra, pero la transustanciación aún se nos resiste. “Lo principal– abunda Amparo Díaz Ramos– sería modificar el diseño de los servicios y garantizar que se cumpla una normativa que, a día de hoy, no está garantizada. Los centros tienen que incorporar perspectiva de las tecnologías de la información y de la comunicación y conocimientos tecnológicos sobre, por ejemplo, las crisis de reputación que se hacen por internet, así como medidas de compensación de formas de acoso que surgen a partir de las nuevas tecnologías”.

Desde Cádiz Abolocionista, tienen la sensación de que se intenta “luchar por la igualdad a golpes contra un muro: no es importante lo que una persona haga, sino la implicación de toda la ciudadanía. Yo lo que veo es que los gobiernos posan para los minutos de silencio pero, cuando hay que firmar en contra de la trata, por ejemplo, cada uno sigue sus intereses de partido”.

Amparo Díaz Ramos coincide con Miguel Lorente en que, como sociedad, sufrimos una “disociación moral” respecto a la violencia machista: “Cuando aumentan los asesinatos, o ante un caso especialmente grave, nos alarmamos, pero después volvemos a desconectar”. Las muertes machistas han llegado a formar parte del sonido de fondo; las condolencias oficiales tiran de plantilla.

“La mayoría de los asesinos, cuando tenían vuestra edad, no pensaban en matar. Ni las víctimas en serlo”. Eso les suele decir en sus charlas a los chavales el forense Miguel Lorente. “Un maltratador –indica– no tiene que ser un delincuente ni dedicarse a actividades ilícitas: hay cientos de miles de maltratadores, porque el machismo es un mal estructural, que nace de las propias referencias que nos hemos dado históricamente de control y sometimiento”.

Lorente se esfuerza en hacer llegar el mensaje de que el machismo es “cultura, no conducta: sólo llama la atención cuando hay un exceso respecto a lo que se considera aceptable en un momento determinado”. De ahí ese “mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado”. O que el 15% de los adolescentes consideren que la violencia de baja intensidad en la pareja no era un problema. O que ahora no sonriamos con ciertos chistes de Martes y 13 o de Arévalo que antes levantaban carcajadas: “Tan desorientados estamos –añade– que tenemos un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y dos pactos más, uno, contra el terrorismo etarra y otro, contra el yihadista. Tener un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y no contra el machismo es como tenerlo contra los atentados, y no contra el terrorismo”.

EL 40% de las asesinadas en diciembre habían cursado denuncia previa

Rastrear la historia de violencia contra la mujer es perseguir humo. Unos parámetros de sumisión y dominio que explican mitos de todo tipo, en todo el mundo, pero que no parecen ajenos a la revolución neolítica: estas son mis posesiones, mis tierras, estos son mis hijos. Esto me pertenece y me obedece porque, si no, es el caos.

“Eduardo Galeano –comenta al respecto Lorente– decía que los hombres tienen miedo a las mujeres sin miedo. Queda muy bien, pero un racista no tiene miedo al que ve inferior: sólo quiere dejar clara la que considera ha de ser su posición. La violencia no es más que una manifestación extrema de control y poder, y el poder se demuestra abusando. Cuando tienes una masculinidad muy dirigida al reconocimiento de esa masculinidad, esto se da por hecho. La violencia, además, es aleccionadora: se usa no sólo para resolver un conflicto, sino para que se interiorice un mandato. Aunque sea un ‘porque lo digo yo’ con un puñetazo en la mesa”.

Pablo Quirós trabaja desde hace veinte años tratando de que se desaprendan patrones tóxicos de conducta. Su próximo curso desde Hombres en Cambio, sobre Masculinidades e Igualdad, está destinado a estudiantes y prrofesionales. Resulta que, tras lustros de campañas y de educación social, todos sabemos lo que está permitido y lo que no, lo que está bien visto y lo que no. Pero rascas un poco y salta lo intocable: ahí están las reacciones por el caso de Dani Alves. O la aparición del negacionismo de la violencia machista por parte de la juventud.

“Son muchos siglos de estructura, y está casi metido en vena. No es fácil cuestionar toda esa herencia cultural. Los micro y macromachismos están a la orden del día y cambiarlo todo es titánico y lento, con un sistema que empuja a que se siga manteniendo”, señala. Como en tantas cosas, los jóvenes no hacen más que copiar el discurso adulto, “lo que les llega en todos los ámbitos de socialización”. Aunque, a la hora de desmontar andamio, “a los chavales es más fácil entrarles, conocer su mundo, digital, relacional… que lo es todo, y enseguida salen las dudas y preguntas. Están más abiertos en ese sentido. Los adultos, por su parte, suelen llegar con la determinación de mover ficha”.

“La cuestión es que tú, como hombre, no puedes decirle a una mujer lo que tiene que hacer, ya sea con un bofetón, con un chantaje, lo que sea –concluye Lorente–. Y esa construcción cultural la estamos tocando muy poquito. En cuanto la tocas, desde luego, se interpreta como un ataque al orden establecido y a los valores: se percibe como una guerra cultural, cuando ni el feminismo ni las políticas de igualdad hablan de esto, pero se percibe así: una agresión a un modelo que es, por supuesto, conservador, tradicional, machista. Apenas hemos invertido en educación, en concienciación, en pensamiento crítico para romper con esa normalidad”.