Con el acuerdo alcanzado entre PP y Vox se cumple prácticamente el último trámite previo a la investidura del popular Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía y, por tanto, el final del largo ciclo de cuarenta años de poder socialista en nuestra comunidad autónoma. Como era de esperar, el PP hizo algunas pequeñas concesiones al documento de máximos presentado por Vox, partido que era consciente de que oponerse al cambio en Andalucía podía suponer su suicidio político. Difícilmente el electorado de derechas hubiese comprendido que Vox no aprovechase la oportunidad de desalojar al PSOE de los órganos de poder andaluz. Todo, incluso los momentos finales de emoción, se ha desarrollado según el guión habitual.

Así las cosas, ya sólo queda que el Parlamento andaluz elija lo antes posible al nuevo Gobierno y que éste se ponga a trabajar sin dilación. Como hemos apuntado en más de una ocasión, PP y Cs (los dos partidos que compondrán el Ejecutivo autonómico) están ante una oportunidad histórica para cambiar las cosas en Andalucía. No será fácil. Han sido cuarenta años de socialismo con sus luces y sus sombras y no se trata de destruir lo mejor de lo construido, sino de acabar con ciertos vicios provocados por la falta de alternancia en el poder y, sobre todo, de dar un giro en materia social y económica que nos permita situarnos en la vía de la convergencia con las regiones más ricas de España y Europa. Por lo tanto, tras la urgencia de formar un equipo de gobierno con gentes capaces y resolutivas, el nuevo Ejecutivo debe elaborar unos presupuestos que posibiliten dicho cambio. Hay que aprovechar el tiempo porque las próximas campañas electorales probablemente enrarecerán el clima político entre PP y Cs.

Habría que hacer también una reflexión sobre el poco peso que los líderes andaluces han tenido en las negociaciones entre los tres partidos comprometidos con el cambio. El hecho de que asuntos de tanta trascendencia para Andalucía y su autogobierno hayan sido dirimidos en Madrid es algo que no deberíamos aceptar. Los partidos andaluces y sus cabezas, aunque sean sucursales de formaciones nacionales, no deberían tolerar que la política andaluza sea dirigida desde fuera. Lo contrario los deja a ellos en una posición difícil y, lo que es más grave, da la imagen de una Andalucía sin capacidad para tomar sus propias decisiones en asuntos de máxima trascendencia.