El vicepresidente de la Junta y coordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, exigió ayer a la delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Crespo, una "respuesta inmediata" sobre las presuntas "listas negras" aparecidas en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba a raíz de una manifestación ciudadana. Valderas se refirió al atestado policial elaborado con motivo de la manifestación celebrada en la capital cordobesa el 21 de febrero del 2012 en apoyo de los estudiantes valencianos, manifestación que no fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno, en el que aparecen datos personales -nombres y apellidos, DNI y domicilios- de cargos públicos de IU. Por ello, consideró que este hecho pone de manifiesto una "grave situación" y reiteró que lo primero que va a hacer su formación es "conocer si es práctica habitual generalizada por parte del Gobierno del PP" ya que la elaboración de esta lista en el atestado policial "se produce cuando Gobierna el PP, a lo largo de 2012".

Valderas, además, insistió en que su partido quiere conocer "el alcance de estas listas" ya que "se sabe que hay personas con responsabilidades políticas en la acción de Gobierno, y parece ser que con sello y rostro de IU, pero puede haber otros ciudadanos". Valderas ya ha tenido la oportunidad de hablar con Crespo y le ha solicitado una encuentro en el que, además de explicaciones, se le trasladará la petición que va a realizar el Grupo de IU en el Senado y en el Congreso para que comparezca el ministro del Interior, Jorge Fernández para que "responda a esta situación". "Si estas prácticas se están produciendo alguien debería dimitir", indicó el líder de IU quien dejó claro que "le pueden poner 10 vigilantes pero no cejaré en esa doble condición que tiene mi formación de lucha y de Gobierno".

Del mismo modo, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, -una de las afectadas- consideró "inaceptable" que existan "nombres y datos de ciudadanos en listas policiales por ejercer su legítimo derecho a manifestarse" y "no comulgan con las ruedas de molino del PP". "Ya nos gustaría que se publicasen listas completas y detalladas de defraudadores fiscales, y no listas de ciudadanos que protestan contra el ataque a los servicios públicos y a los derechos sociales", agregó la responsable del Gobierno andaluz.

Crespo desmintió "rotundamente" los hechos y aseguró que en este caso "se ha hecho todo conforme a la legalidad vigente" y "no existe ninguna cuestión contra nadie". En este sentido, señaló que se trata de una manifestación de estudiantes "no comunicada", por tanto, "lo que hace la Policía normalmente en estos casos es levantar un expediente e identificar a las personas, como tiene que hacerse según la legalidad, en este caso, personas sancionadas que estaban en la cabeza de la manifestación".

Crespo apuntó que "cuando uno de los afectados, lo dice la ley clarísimamente, pide el expediente al respecto, la Policía le comunica el expediente íntegro". Por tanto, señaló que "quien ha revelado los datos de las personas que estaban allí, que se han identificado, que estaban en una manifestación no autorizada, son los propios que están denunciando el caso", indicando que "la Policía, la Subdelegación del Gobierno de Córdoba no ha dado ningún dato".