La convocatoria de huelga general del 29 de septiembre no va a quedar en un día aislado, al menos desde el punto de vista de UGT, que pondrá sobre la mesa una serie de condiciones para reanudar el diálogo social con la Junta de Andalucía y los empresarios. La concertación social - el séptimo acuerdo se firmó en noviembre de 2009- ha sido un emblema del Gobierno socialista, que durante las jornadas previas a la huelga mantuvo un perfil plano e hizo constantes llamamiento a la reanudación del pacto una vez pasado el ardor de la contienda.

UGT-A ha fijado un "catálogo de prioridades" como condición para retomar la "normalidad" en la negociación del desarrollo del VII acuerdo de concertación social. En rueda de prensa, el secretario general de UGT-A, Manuel Patrana, que reunió ayer al consejo regional del sindicato, aseguró: "Los trabajadores no entenderían que después de la huelga general actuáramos como si nada hubiera pasado", informó Efe.

Sin embargo, las propuestas parecen asequibles para la Junta, a pesar de que algunas han sido reivindicaciones de la reciente historia del PP. Por ejemplo, UGT reclama un plan de empleo juvenil, solicitado en numerosas ocasiones por los populares en los últimos meses y a los que la Junta, parece, dará próxima respuesta.

Otra de las exigencias de UGT pasa por un impulso a las medidas de carácter fiscal, como la recuperación del impuesto de patrimonio. Ésta ha sido una constante petición del presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, la recuperación del impuesto de patrimonio suprimido por José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante a finales de junio, en pleno debate sobre las medidas para reducir el déficit público, Griñán se mostró partidario de la vuelta del impuesto sobre patrimonio que, en su opinión, "debería existir siempre porque, más allá del tipo, es una fuente de conocimiento estupenda que permite saber lo que cada uno tiene" en una etapa en la que "han proliferado las sociedades patrimoniales".

Otras de las peticiones de UGT asequibles consisten en un plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral o un plan de rehabilitación de vivienda, tras las quejas de varios municipios de que la Junta no estaba reintegrando a las arcas municipales estas ayudas. Entre las prioridades, Pastrana planteó que la Junta haga públicas las ayudas y subvenciones que reciben las empresas, con al menos carácter trimestral, ya que es necesario que haya transparencia porque están vinculadas al mantenimiento y creación de empleo, argumentó. Según el dirigente sindical, la Junta otorga a las empresas andaluzas "cantidades ingentes de dinero", pero no siempre están sujetas al objetivo del empleo, por lo que consideró necesario más información sobre "a quiénes se les presta esas ayudas o subvenciones y en qué condiciones".

Más cuestionable parece que se vayan a dar puntos de encuentro entre la Junta y este sindicato en la petición de diálogo obre el decreto de reorganización del sector público, al que se oponen frontalmente las centrales sindicales. Como se recordara, entre las medidas para reducir el déficit la Junta reestructuró sus empresas públicas, con una consiguiente pérdida de derechos para los trabajadores fusionados según los sindicatos.

UGT exigió a la Junta que abra una negociación sobre el decreto de reordenación del sector público, ya que sospecha que se ha transformado la "administración paralela" de la Junta que ya existía en otra bajo la fórmula jurídica de agencia, lo que puede conllevar falta de transparencia en el funcionamiento de la administración y también la pérdida de derechos de los trabajadores.

Pastrana admitió que tras la huelga general los sindicatos han mantenido contactos informales con diversos miembros del gobierno andaluz en los que han constatado su voluntad de diálogo, pero lo tienen que confirmar cuando se retomen las negociaciones del VII acuerdo de concertación social. Ahora esperan la llamada de la Junta.