La Fundación Andaluza Fondo de formación y Empleo (Faffe) de nuevo en la diana de la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) investiga la posible existencia de una "bolsa de fraude" a través de pagos de salarios a personas que no realizarían "ningún tipo de actividad laboral" en la Faffe. Así lo explican los investigadores en un oficio remitido el pasado 21 de julio a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a la que reclaman que se oficie al servicio de prevención de delitos económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social para que faciliten "toda aquella información que obre en sus bases de datos de carácter laboral" sobre esta fundación, al objeto de "descartas, o en su caso confirmar" esa posible bolsa de fraude.

No es la primera vez que en la investigación de los cursos de formación se abordan estos aspectos, ya que la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, constató en un auto dictado en enero pasado la existencia de "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación, lo que la llevó a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación. Una de estas líneas de trabajo se centró precisamente en las subvenciones que, por importe de 85,7 millones de euros, recibió la Faffe.

La Guardia Civil informa ahora a la nueva titular del juzgado que uno de los aspectos "importantes" que se está teniendo en cuenta es la composición de la plantilla que la Faffe disponía para realizar sus funciones, especialmente aquellas directamente relacionadas con la ejecución de programas de formación para el empleo, y "las condiciones de selección y contratación del personal que componía dicha plantilla". Todo ello, según la UCO, teniendo en cuenta que, tras un primer análisis de las cuentas de la Faffe, "parece ser que la mayor parte de los ingresos de la Fundación provienen de la Administración andaluza con el objeto de que se desarrollen diferentes cursos que habían sido subvencionados".

La Guardia Civil explica, con respecto a la plantilla de la Faffe, que "ha ido aflorando algunos hechos que aconsejarían un estudio mucho más detallado de todo aquello concerniente a la contratación de personal y pago de salarios en el seno de la Faffe", y así se refiere expresamente a la "recolocación de personas afectadas por el cierre de la factoría Delphi Automotive System".

De las actuaciones practicadas, los investigadores concluyen que la Fundación "habría materializado contratos de trabajo para realización de obra o servicio a favor de varios trabajadores afectados por el dispositivo de tratamiento singular, previsto en el protocolo de colaboración que se acordó el 4 de julio de 2007" entre las organizaciones sindicales y las consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta con el fin de adoptar medidas que minimizasen el impacto socioeconómico tras el cierre de la factoría de Delphi.

La Guardia Civil concluye que, según los informes de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los contratos de trabajo "sólo tendrían como objetivo crear una apariencia de relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio para proporcionar a los ex trabajadores de Delphi, de manera velada, el acceso a unas ayudas y/o prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho".

De la misma forma, la Guardia Civil cree que habría que analizar los gastos salariales de la Faffe tras la investigación que inicialmente realizó otro juzgado de Sevilla, con respecto a la contratación del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García por la Faffe, en la cual "parece inferirse la existencia de un supuesto fraude relacionado con la contratación y percepción de salarios con cargo a la fundación" por parte de este ex regidor, "no descartándose, por tanto, la existencia de otras personas en esta misma situación", precisa la Guardia Civil en el oficio remitido a la juez María Núñez Bolaños.

La Guardia Civil también reclama a la juez que orden a la Junta la entrega de "todas las resoluciones emitidas por cualquier organismo dependiente de la Administración andaluza por las que se formalizaron encomiendas de gestión ejecutadas por la Faffe entre los años 2003 y 2011".