Andalucía

Trece indignados son detenidos en el desahucio de una vivienda en Jerez

  • La Policía Nacional ejecuta el desalojo mientras el propietario estaba hospitalizado · Había solicitado un crédito para legalizar la casa que había heredado de su padre

Disparos al aire, porrazos, miembros de la plataforma del 15-M plantando cara a los policías y arrastrados por el suelo hacia el furgón, desmayos, trece detenidos, 35 agentes de la Policía Nacional y Policía Local. Estos son sólo algunos de los elementos que formaron ayer parte del contundente desahucio de una familia en una vivienda de la carretera de Caulina de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su propietario, José Gutiérrez, ni siquiera pudo estar presente al estar ingresado en el hospital tras un amago de infarto. Sí tuvieron que pasar por tan dura prueba su mujer, Antonia Alhama, sus tres hijos y otros familiares que acudieron a apoyarlos junto a un numeroso grupo de indignados.

Tras una prórroga conseguida el pasado jueves en un primer intento de hacer efectivo el desahucio, con presencia también de la Policía Nacional, ayer a las diez de la mañana era el momento fijado para el nuevo intento. De nada sirvió presentar en el juzgado el parte médico de hospitalización de José, hecho que, según los miembros del 15-M, hacía ilegal este desahucio al no contar con su presencia.

Su mujer, antes del desalojo, señaló que "él no sabe nada de esto porque ayer tenía cuatrocientos de azúcar, pero nos echan y el secretario del jugado no ha querido recoger el parte médico. Mire el ejército que mandan y la violencia que hay. Esto sí que es una vergüenza, que nos traten como delincuentes cuando los delincuentes son ellos que me han robado por lo que he estado trabajando toda mi vida".

La vivienda la heredó José de su padre, pero como estaba construida sobre terrenos no urbanizables tuvo que pedir un crédito para su legalización poniendo como aval la vivienda para una deuda que actualmente asciende a 84.000 euros. Anteriormente trabajaba como autónomo con excavadoras pero tras una enfermedad le ha quedado sólo una pensión de setecientos euros con la que no ha podido hacer frente a los pagos. La casa, según sus propietarios, había sido tasada en 2005 por 245.000 euros; en 2009 la valoraron en 48.000 y se ha vendido por 24.000 euros sin juicio ni subasta.

Los miembros de la comisión judicial se personaron dispuestos a llevar a cabo su trabajo, pero los indignados también estaban dispuestos a que no lo consiguieran, así que se aferraron con todas sus fuerzas ante la entrada de la casa. Fue en ese momento, cuando tuvo lugar la intervención policial en la que ya se emplearon las porras y fue peor cuando más tarde decidieron pedir refuerzos a los antidisturbios.

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