La Fiscalía Superior de Andalucía, que ya había expresado su disconformidad con el archivo de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el alcalde de Marinaleda y diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por los incidentes que protagonizó durante la huelga general del 29-M, ha presentado un recurso de apelación contra el auto que resolvió dar carpetazo al asunto.

En el recurso el Ministerio Público pide "que se deje sin efecto" la resolución que acordó el sobreseimiento libre de las actuaciones y que remitió a un juzgado de Estepa (Sevilla) el expediente para que, en todo caso, tramitara la causa como una posible falta de amenazas. Para la Fiscalía, el caso debe continuar en el TSJA y llegar a juicio. Por eso solicita que siga su curso y que las diligencias sean transformadas en procedimiento abreviado.

Antes se debe citar a Sánchez Gordillo como imputado, "como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores", así como de "sendas faltas de coacciones". El Ministerio Público cree que los incidentes ocurridos en el Mercadona de Estepa el día de la protesta pueden ser delictivos y considera que debe acreditarse "el tiempo de cierre del supermercado" tras la actuación del piquete que lideraba Sánchez Gordillo, además de "los daños producidos en el establecimiento, aclarándose si les fue detraída por la empresa alguna cantidad en la nómina de los trabajadores por el tiempo no trabajado".

El departamento que dirige Jesús García Calderón estima que el parlamentario lideró un piquete que no fue informativo, y que traspasó "ampliamente" el "generoso límite constitucional" para ejercer y defender el derecho a la huelga.