El enésimo capítulo del conflicto que dirimen en los tribunales los funcionarios y la Junta se ha saldado con otro varapalo para la Administración autonómica. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una sentencia de un juzgado sevillano, contra la que la Consejería de Agricultura interpuso un recurso, por la que ésta debe revelar los datos de contratación de su personal externo. El Alto Tribunal viene así a otorgar la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) -uno de los más beligerantes contra la ley de reordenación del sector público- al reconocer su derecho a conocer los pormenores de esas contrataciones. La Junta fundamentó en su recurso que el SAF no está legitimado para obtener esa documentación.

No lo ve así el TSJA, que si bien reafirma que la Junta, por ley, tiene derecho a la obtención de información sobre política de personal, ello no la excluye de entregar a las centrales la documentación que permita el "ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente colectivacuando dicha información es necesaria para la defensa de los intereses de sus afiliados". Se trata, además, de un derecho consagrado por el Tribunal Constitucional.

El SAF se felicitó ayer por el contenido de una sentencia que "confirma el derecho a la obtención de información por los sindicatos, como propio del derecho a la libertad sindical". La central viene exigiendo desde hace años toda la documentación referente a "uno de los despilfarros más polémicos y descarados de los últimos tiempos, culminados en la Ley 1/2011 de reordenación el sector público andaluz". En su guerra contra el también conocido como decretazo, el SAF "ha exigido desde todas las vías posibles todos los datos relacionados con el personal externo de las empresas públicas, fundaciones, sociedades y un largo etcétera, todas ellas refundidas en agencias", recordó el sindicato en un comunicado.

Lo que solicitó el SAF a la Consejería de Agricultura fue la copia de los contratos que amparan la presencia de personal externo en el centro de trabajo, especificando las funciones que desempeñaban cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos, al tiempo que se solicitaba una relación de plazas vacantes y desdotadas existentes. Un juzgado sevillano le dio la razón, y la Secretaría General Técnica de la Consejería recurrió. Pero el TSJA no discrepa de la primera instancia judicial.

No es este el primer revés que sufre la Junta en este enfrentamiento en los tribunales. Ya han sido varios los autos y las sentencias que han puesto en evidencia los procedimientos llevados a cabo por la Junta desde la entrada en vigor de la ley de reordenación del sector público, muy contestada por los sindicatos y plataformas de funcionarios y trabajadores públicos tanto en la calle como en el marco de los tribunales de justicia.

En su reacción al conocer la última decisión del TSJA, el SAF destacó que ha conseguido "numerosas" sentencias a favor, en primera instancia, "pero es ahora cuando el TSJA condena en costas a la Junta y ratifica en sentencia firme el derecho a conocer toda la información sobre el personal externo, como nóminas o funciones". Fuentes de la central sindical señalaron que "la sentencia es clara y afirma que la información requerida tiene, pues, amparo en el artículo 28.1 de la Constitución, por cuanto es necesario para el adecuado ejercicio de la defensa de los funcionarios que representa [refiriéndose al SAF], para evitar que las funciones propias y reservadas por la ley a los mismos, sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público".

El SAF, que se sintió "recompensado" por la "dura lucha" contra el "despilfarro" por la contratación externa "ilegal", según los propios tribunales, mostró su satisfacción ante este logro "sin precedentes" en los tribunales y exigió a la Junta que "acate este fallo firme sin dilaciones".