El Presupuesto que el pasado martes aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para 2014 sufre un recorte de inversión en una de cada diez políticas. Sólo se salvan una decena, la mayoría con un aumento de inversión anecdótico. El otro centenar desciende, con mayor brusquedad en aquellas que afectan a la seguridad, la cultura, el deporte, las infraestructuras hidráulicas, la atención a la infancia o la innovación.

Las primeras cuentas de Susana Díaz como presidenta se han cuadrado en 29.619 millones, 1.087 menos que este año (un 3,5%). Se pagarán 375 menos de deuda pública (menor gasto), por lo que las partidas a recortar se quedan en unos 710 millones. ¿De dónde salen?

Eso no lo ha explicado la Junta, que ha priorizado en su presentación el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, aunque también se ha referido a las escasas partidas que han subido. Se trata de la promoción social, en la que se incluyen la formación profesional para el empleo (12 millones más) y la inclusión social (20,7). También destacó la rehabilitación de vivienda un 8%, unos 11 millones más. No obstante, este último aumento puede estar relacionado con los compromisos adquiridos en anualidades anteriores, es decir, para liquidar deuda de arreglos de pisos. La política de comercio también sube, aunque apenas 1,5 millones, de 13,8 a 15,4.

A la Junta se le ha olvidado apuntar que también crecen con respecto al año pasado las direcciones y servicios generales de Presidencia (aunque ya no ostente las competencias de los institutos de Juventud y Mujer), de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales o de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Suben de manera anecdótica las políticas de relaciones laborales, de violencia de género y de memoria democrática. Las enseñanzas de Régimen Especial pasan de 152,9 a 155,4. Igual incremento para la política de gestión de tecnologías corporativas.

A partir de aquí, todo baja. Por capítulos. Los servicios de carácter general decrecen sobre todo por el descenso de 12 millones (de un total de 19,5) en la Administración de Justicia, que pasará de 402 a 390 millones en 2014. La protección civil y seguridad ciudadana desciende en ocho millones de euros, un 15,2%.

El capítulo de seguridad y protección social baja en 404 millones porque descienden el plan de drogodependencias (de 35 a 30 millones), la atención a la infancia (de 141 a 130), las pensiones asistenciales (de 29,2 a 27,2), el bienestar social (de 67,9 a 58,2), el voluntariado (de 3,3 a 2,7), la justicia juvenil (de 81,1 a 77,4) y la coordinación de políticas migratorias (de 7,2 a 4,2). Pero sobre todo porque baja el servicio de apoyo a las familias, de 425 a 404 millones. Hasta la publicitada atención a la dependencia desciende 15 millones, de 1.108 a 1.093, posiblemente en capítulos de envejecimiento activo y discapacidad.

Y en promoción social el aumento de la formación profesional y las partidas de inclusión palian el descenso de 11,3 millones en intermediación y fomento del empleo. Siguen igual las políticas de igualdad para la mujer. En total, la promoción social sube un 2,6% con respecto a este año.

El capítulo de producción de bienes públicos de carácter social acapara la mitad del Presupuesto. Hay ajustes en sanidad en 174 millones, principalmente en atención sanitaria, de 6.258 a 6.167, 91,4 millones menos o en prestaciones complementarias y farmacéuticas, por 55,7 millones, que desde la Junta vinculan a la "eficiencia" en el gasto público.

En educación las partidas de la Junta caen por el recorte en infantil y primaria (65 millones, de 1.885 a 1.820) y en Secundaria (63 millones, de 2.352 a 2.289). Otros 45 millones de las universidades y otros ajustes menores en educación especial o primera infancia dejan en 177 millones menos el capítulo de educación.

Las acciones de vivienda suben en este capítulo. Bajan sin embargo las de bienestar comunitario un 8,7%, cultura un 9,5% y deporte un 18,4%.

Entre las de bienestar comunitario cae la gestión del medio natural (de 286 a 253 millones). Esta política, de las que más ha sufrido en la crisis, se encarga de la prevención de incendios, infraestructuras viarias forestales o conservación de fauna y flora.

El siguiente capítulo se denomina de producción de bienes de carácter económico y desciende en 138,5 millones, principalmente por las actuaciones en política de aguas (de 383 a 319 millones en 2014). Sobre obra pública, en infraestructuras viarias y de transportes se baja de 393 a 373 millones. Esto se debe a la caída de la inversión en un 13%.

El resto del descenso tiene que ver con las menores partidas que dedicará el año próximo la Junta a la investigación científica y la innovación. Otros 35 millones baja la innovación y evaluación educativa, de 87 a 53 millones .

El penúltimo capítulo recoge menos transferencias para la regulación económica y sectores productivos como la agricultura, el turismo o la energía y minería. El apoyo al sector agrícola y ganadero protagoniza el mayor recorte, ya que pasa de 1.718 a 1.626 millones, 92 millones menos. La energía y minería pasa de 82 a 70 millones y el turismo de 105 a 102 millones.

El último capítulo recoge un menor montante de transferencias a las corporaciones locales, que en conjunto baja tres millones de euros. La cooperación al desarrollo cae de 44 a 42 millones de euros.