El vicepresidente económico del Gobierno lanzó ayer dos mensajes a los gobiernos autonómicos antes de retomar en septiembre las negociaciones para reformar el sistema de financiación autonómica. El primero de ellos se dirigió al bolsillo: "Hay más preocupación por el dinero inmediato que por la lógica del nuevo sistema". El segundo, más político, le llevó ante aquellos con más aspiraciones autonomistas, especialmente para Cataluña: "No habrá, como antes, negociaciones bilaterales entre el Ejecutivo y una región determinada con pactos desconocidos para el resto de los territorios". Solbes le recordó a la Generalitat catalana que el Gobierno central no sólo debe cumplir con las aspiraciones sobre financiación autonómica que marca el Estatut, sino que otras cinco comunidades autónomas han reformado su norma básica durante la pasada legislatura, entre ellas, Andalucía.

El ministro de Economía y Hacienda subrayó su deseo de que el Gobierno y las comunidades lleguen "cuanto antes" a un acuerdo que, dijo, ha de ser "transparente y válido para todo el mundo". La propuesta para el nuevo sistema presentada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es, aseguró, "enormemente respetuosa" con los nuevos estatutos.

Pedro Solbes consideró que el documento del Ejecutivo da pistas y posibilidades "significativas para avanzar" en la negociación, aunque lamentó que cuando empiezan las conversaciones "todo el mundo quiere sólo saber cuánto le toca". "Ése no es el tema fundamental", añadió. Por el contrario, señaló el vicepresidente, hay que aprovechar el hecho de que es la "primera vez que hay una verdadera negociación sobre financiación autonómica para conseguir entre todos un sistema consistente y coherente a largo plazo". "Luego ya veríamos el problema de las cantidades", expuso.

En cuanto a la reivindicación de la Generalitat de limitar el fondo de solidaridad a la educación, la sanidad y los servicios sociales -lo que choca con la postura defendida por la Junta de Andalucía y el Gobierno central-, Solbes recordó que además de los mandatos del Estatut hay una "obligación constitucional de garantizar la financiación de otros servicios de otras comunidades autónomas". "El criterio para garantizar todos los servicios puede ser la población" como quiere Cataluña, u otro distinto, pero habrá que encontrar una forma de financiación para aquellos otros servicios", advirtió.

En septiembre volverán las negociaciones entre el Gobierno y las comunidades, y Solbes confía en que el documento de Economía siga sirviendo, porque muchas de las ideas que plantea son defendidas por algunas comunidades que antes lo han criticado, por lo que espera que se llegue pronto a un acuerdo. "Cuanto antes mejor. Clarificaríamos las cosas y cada uno sabría a qué atenerse en el futuro", concluyó.

El presidente de ERC, Joan Puigcercós, partido que gobierna la Generalitat con PSC e ICV, afirmó ayer que "Cataluña debe quedar fuera del nuevo modelo de financiación si éste no supone una mejora sustancial", lo que comportaría seguir de momento con el actual, aunque la mayoría de comunidades adopte el que propone el Gobierno.