A escasos días de que se cumpla el primer aniversario del Pacto por la Vivienda que la Junta firmó con los agentes sociales y económicos y las entidades financieras, el anteproyecto de ley que regulará el derecho universal no satisface del todo a los sindicatos firmantes CCOO y UGT. En el texto de alegaciones al anteproyecto de ley presentado por la Junta, estas entidades lamentaron la "excesiva remisión al desarrollo reglamentario de elementos esenciales que deben quedar regulados por ley, como el concepto de calidad de la vivienda o procedimientos de adjudicación", puesto que "de otra forma, se desnaturaliza este derecho constitucional y estatutario". Si bien valoran la futura normativa como el "instrumento" más importante que desarrollará el pacto, anotaron que existen aspectos en el borrador "que necesitan de un mayor nivel de concreción y definición".

Los sindicatos reclaman la inclusión del concepto de calidad de la vivienda; las condiciones de ejercicio del derecho a la vivienda; los procedimientos de adjudicación; los registros municipales de demandantes de vivienda protegida y la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Todos estos elementos deben estar incluidos en la ley, a juicio de las organizaciones, que hacen en sus alegaciones especial hincapié en la creación de los registros de solicitantes de VPO. "Es primordial que sean obligatorios para acceder a una vivienda protegida en sus distintas tipologías y modalidades de uso", al igual que añadieron los criterios de funcionamiento de estos registros, para que sirvan de guía a los ayuntamientos.

El secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, aseguró ayer que esta ley tiene el objetivo de facilitar una vivienda a todo el que la necesite, por lo que "hasta que no cumplamos con las 200.000 viviendas de protección oficial, no se pueden afrontar otros objetivos", en referencia a otras modificaciones normativas que han solicitado algunos alcaldes.