Salvamento Marítimo suspendió ayer definitivamente la búsqueda de los 14 inmigrantes nigerianos desaparecidos la madrugada del lunes al volcar frente a las costas de Motril la embarcación en la que viajaban junto a otras 23 personas que fueron rescatadas. En las labores de búsqueda participaron el avión Serviola-2 de Salvamento Marítimo, la embarcación Remolcanosa 5 y una patrullera de la Guardia Civil sin que el rastreo diera ningún resultado.

La búsqueda se dio por terminada a la caída de la noche, al no haber ya esperanzas de encontrar con vida a los inmigrantes que naufragaron. De los 23 inmigrantes rescatados ayer con vida, el varón que perdió en el naufragio a su hijo de tres años, a su mujer y a un hermano fue trasladado a un centro de la Cruz Roja.

El resto será trasladado a lo largo de hoy a un centro de internamiento como paso previo a su expulsión, a excepción de una mujer embarazada que viajaba en la patera y que fue llevada a un centro asistencial de Puente Genil (Córdoba).

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hizo responsable de esta enésima tragedia a las "restrictivas" políticas europeas de inmigración. La ONG mantiene que el descenso del número de pateras no se debe únicamente a un control de fronteras "casi exclusivamente policial", sino a que las travesías que llevan a cabo los inmigrantes son cada vez más difíciles y cada vez fallecen más en el intento.

"Hacer responsables al mal tiempo o a las olas es señalar sólo la causa inmediata de las muertes", ha indicado la organización en un comunicado, en el que ha arremetido también contra las políticas del Gobierno en materia de inmigración, al que ha acusado de "alinearse con la extrema derecha europea" por votar a favor de la Directiva de Inmigración.

"El Gobierno español es corresponsable en última instancia del continuo goteo de cadáveres que siembran los desiertos africanos o aparecen en sus costas", mantiene APDHA.

Según el informe anual Derechos Humanos en la Frontera Sur 2007, elaborado por esta ONG, aunque los datos oficiales calculan que fueron 921 las personas que perdieron la vida en 2007, el número de víctimas podría alcanzar las 3.500.

La APDHA plantea un nuevo diseño de la política migratoria que pasaría por evitar la emigración forzosa y adoptar una gestión de flujos más flexible y solidaria.