Mayor coordinación entre los ayuntamientos, entidades gestoras del agua y la Junta, mejora de las infraestructuras y aumento de la vigilancia sanitaria para minimizar los riesgos por contaminación son las claves del reglamento aprobado ayer por el Consejo de Gobierno para la mejora de la calidad y salubridad del agua destinada al consumo humano en Andalucía.

Según informó la consejera de Salud, María Jesús Montero, lo que se persigue es establecer mecanismos de control en todo el proceso, desde el pantano hasta que sale del grifo, y para ello se adoptarán medidas como que todas canalizaciones de agua potable sean cerradas y no discurran al aire libre, la incorporación en los depósitos de sistemas de desinfección automáticos o que los puntos de muestreo en redes de distribución cuenten con dispositivos automatizados. Además, los gestores estarán obligados a marcar suministros alternativos en caso de incidencia.

A pesar de que el nivel de riesgo se ha reducido en los últimos años, Montero recordó que en 2008 aún se registraron 576 incidentes de los que sólo 13 entrañaron riesgo para la salud, llegándose a declarar el agua no apta para el consumo humano por presencia de productos químicos, aunque afectó sólo a un 2% de la población andaluza.