El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ratificó este miércoles en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla la denuncia presentada contra dos directoras generales de la Junta por negarse a facilitar información de efectivos reales, dotación de vacantes de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y contratación de externos.

El presidente del SAF, José Manuel Mateo, ha explicado que una vez ratificada la denuncia esperan que el juez cite a declarar como imputadas a los dos altos cargos denunciados, las directoras generales de Recursos Humanos y Función Pública y de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, Isabel Mayo y María Teresa Castillo, respectivamente.

Recientemente, el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla dictó un auto admitiendo a trámite la denuncia y citó al representante del SAF para la ratificación de la misma, al estimar que en principio los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

En la denuncia, el SAF advirtió de que las actuaciones de las titulares de ambas direcciones generales citadas podían haber incurrido en posibles delitos de desobediencia de resolución judicial y contra los derechos de los trabajadores, recogidos en los artículos 410 y 315.1 del Código Penal.

El sindicato asegura que durante años ha solicitado información "básica e imprescindible" para defender los derechos de los funcionarios, pero la mayoría de estas peticiones "no han tenido respuesta". En octubre de 2012, el SAF instó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que incluyera en las RPT al personal eventual de la Junta, en su cualidad de empleados públicos, y remitieran el listado de los mismos, pero no hubo contestación.

En enero y mayo de este año, el sindicato pidió por escrito a las directoras generales denunciadas la dotación de vacantes de las RPT de funcionarios, para su provisión o llamamiento de interinos, ya que dicha dotación en las Oficinas y Centros del Servicio Andaluz de Empleo y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, apenas llega al 50%. La petición, además, era consecuencia del fallo firme del Alto Tribunal andaluz que declaró lesionado el derecho a libertad sindical de SAF.

La Dirección General de Planificación y Organización respondió que "no cabe proporcionar listado de efectivos reales donde, de hecho, constan datos de carácter personal sin que medie el previo consentimiento expreso de cada uno de los interesados".

El SAF considera, en cambio, que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal reconoce que el consentimiento exigido no será preciso "cuando la cesión está autorizada en una ley, (...) cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros ".