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Andalucía

Rosa Aguilar defiende su gestión en el caso de las naves de Sandokán

  • La actuación municipal fue "legal", dice la ministra y ex alcaldesa de Córdoba

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, anterior consejera de Obras Públicas de la Junta y ex alcaldesa de Córdoba por IU, aseguró ayer que las actuaciones realizadas en el Ayuntamiento sobre la construcción por parte del empresario Rafael Gómez de las naves de Colecor han estado presididas por "la legalidad". Aguilar se refirió así a las manifestaciones realizadas por Gómez, conocido como Sandokán e imputado en la operación Malaya, quien aseguró que la construcción ilegal de estas naves fueron consentidas verbalmente por Aguilar.

La ahora ministra quiso dejar claro que durante los diez años que ha estado trabajando por su ciudad en el ámbito municipal como alcaldesa de Córdoba "todas las actuaciones que se han llevado a efecto" han respetado escrupulosamente la legalidad. "Cualquier cordobés puede llegar y ver cómo se ha sustanciado cualquier expediente, de qué forma se ha llevado a cabo el procedimiento" y comprobar que "tienen todos los informes reglamentarios y correspondientes", dijo Aguilar.

La ministra subrayó que "los expedientes son públicos y están para verlos, y en su día se pusieron encima de la mesa y ahí continúan, porque cualquiera puede acceder al expediente que quiera del Ayuntamiento de Córdoba". Aguilar insistió en que "las actuaciones llevadas a cabo están informadas técnicamente por quien correspondía hacerlo y en los órganos y espacios debidos, en función a las competencias municipales que cada uno tenía". La ex alcaldesa recalcó que "los expedientes son los que demuestran los hechos y el procedimiento llevado a cabo".

En la defensa del procedimiento, Aguilar recordó que sobre este tema hubo una comisión de investigación porque ella estuvo "de acuerdo en que se constituyera y se llegó a unas conclusiones que se aprobaron por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento". Preguntada por si ha habido reuniones con Gómez para intentar rebajar la multa de 24,6 millones de euros por la construcción ilegal de las naves, respondió que se han producido reuniones en la Alcaldía con distintos empresarios cordobeses y eso es conocido por todos.

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