La ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa ha aclarado en el juicio sus afirmaciones respecto a que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de las ayudas que se concedían en la Dirección General de Trabajo a través de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, al explicar que desde la Consejería existía un "flujo de información continua" con el gabinete de la Presidencia sobre los conflictos y las ayudas que se iban dando.

A preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, la ex asesora de Empleo ha explicado que sus manifestaciones sobre el conocimiento que tenían los ex presidentes, ambos procesados en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, se fundamentan en los informes que se remitían al gabinete de la Presidencia, como ocurrió con la "problemática de Mercasevilla" y la negativa de la Consejería de Empleo a abonar el segundo ERE, y también a través de las preguntas parlamentarias que llegaban para dar respuesta.

La testigo ha añadido que era "muy normal" que desde el gabinete de la Presidencia solicitaran información a la Consejería de Empleo cuando por ejemplo iban a hacer una visita, para lo cual pedían "datos del territorio", y se les facilitaba información sobre los "conflictos que pueden ser relevantes" en una determinada zona, así como como lo que "se está haciendo para resolver el problema, o el por qué están protestando los trabajadores, las ayudas que se han dado, a qué colectivo y para qué, o si va a haber una huelga".

Según Rofa, existía un "flujo de información continua" con el gabinete de la Presidencia. En el caso de la empresa pública Mercasevilla, donde se detectaron los primeros intrusos de los ERE, la ex asesora ha señalado que elaboró un primer borrador de informe que se fue actualizando, "poniéndolo al día", aunque ha precisado que el informe que se mandó a Presidencia era un "poco más reducido" que el que se facilitó a su jefe, el director general de Trabajo.

En esta tercera sesión de su declaración, que este miércoles ha concluido, Rofa ha reiterado que no tuvieron ninguna duda de ilegalidad en cuanto a la concesión de las ayudas, porque no tenían duda de que hubiera algo distinto al "desorden y mala gestión" que se había realizado en la anterior dirección general de Trabajo con anterioridad, en la época de Javier Guerrero.

De otro lado, la ex asesora de Empleo ha asegurado que las ayudas de Astilleros se abonaron hasta marzo de 2010 por la Consejería de Ciencia, Innovación, Comercio y Empresa, y a partir de esa fecha se hizo cargo la Consejería de Empleo, en la etapa de Justo Mañas como viceconsejero. Rofa ha dicho, a preguntas de las defensas, que no conocía que a fecha 31 de diciembre de 2009 había desaparecido el déficit en IDEA.

La ex asesora ha protagonizado un rifirrafe con el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán, cuando el letrado le ha preguntado si ratificaba "todas" las declaraciones que había realizado en la causa –más de 25- y si podía decir cuándo recordaba mejor los hechos, si en el año 2012 o ahora. "No tengo diagnosticado ningún problema de memoria", ha aseverado la testigo, que ha añadido que era "difícil olvidar" lo que había ocurrido cuando prestaba declaración constantemente. "Mi memoria es correcta y mis hechos están activos", ha sentenciado.