El presunto cerebro de la corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, salió ayer en defensa de su círculo de testaferros más próximos. Roca exoneró de cualquier responsabilidad a todos y cada uno de los abogados, directivos y administradores de sus sociedades que, según la Fiscalía Anticorrupción, se ocuparon de ayudarle a blanquear los capitales que presumiblemente obtenía con los trapicheos ilegales en el urbanismo municipal.

Roca acotó y limitó la capacidad de decisión que tenían en sus empresas desde el primero hasta el último de sus empleados. Por ejemplo, circunscribió el papel de la abogada y administradora de Condeor Montserrat Corulla a la gestión del grupo hotelero que él trataba de poner en marcha. Según dijo, ella se ocupó de conseguir en el Ayuntamiento de Madrid las licencias de obra para los palacetes que quería convertir en hoteles, así como en cerrar con operadores especializados la explotación de los negocios. Pero no tuvo nada que ver con la contabilidad, la actividad meramente societaria o las operaciones inmobiliarias.

Otro tanto sucedía con Juan Hoffmann, el abogado al que Anticorrupción atribuye la creación de una estructura exterior para darle salida a su dinero. Roca le nombró apoderado en una fundación que poseía en Liechtenstein y en Lispag, la entidad suiza a través de la que se formalizó un pelotazo urbanístico de 6 millones de euros en Puerto Banús, pero su actuación se limitó a gestionar la compra de un barco, un cuadro de Picasso y articular un préstamo entre sociedades.

Otro de los pilares fundamentales en la estructura de Roca, de acuerdo con la acusación, residía en el despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita de Madrid, que creó sociedades para Roca y ejerció su administración fiduciaria, de modo que él nunca apareciera en la documentación oficial. Roca circunscribió su relación única y exclusivamente a Manuel Sánchez Zubizarreta aunque para aclarar a renglón seguido que la contabilidad de las empresas relucía como una patena, con sus libros debidamente conformados, sus cuentas registradas e impuestos (13,7 millones hasta la fecha de su detención) satisfechos en tiempo y forma, porque, al margen de que él no apareciera formalmente "siempre estuve en posesión y dominio de la gestión".

Roca lanzó ayer dos mensajes en la vigésimo séptima sesión judicial del caso Malaya: el primero para demostrar a su equipo que no le ha vuelto la espalda. El segundo para subrayar que el primer juez que investigó la corrupción en Marbella, Miguel Ángel Torres, fue un frangollo que concluyó su trabajo "haciendo las cuentas del gran capitán" y con un auto de procesamiento "precipitado".