El ex asesor de Urbanismo en Marbella Juan Antonio Roca declaró ayer que no ve perjuicio alguno para el Ayuntamiento marbellí con la operación en la finca El Pinillo, por la que está siendo juzgado, e insistió en desvincularse de las decisiones municipales, tales como decretos o acuerdos de pleno, al precisar que las órdenes las daban el ex alcalde Jesús Gil y el letrado José Luis Sierra.

En el juicio, Roca quiso dejar claro que cuando comenzó esta operación urbanística en 1991 él no tenía relación con el Ayuntamiento, sino que era director del Club Financiero, donde estaba normalmente Gil, del que llegó a ser socio en una veintena de empresas. Roca aseguró que no tenía contactos con los responsables económicos ni conocimientos jurídicos y "no daba ninguna instrucción en el Ayuntamiento, donde había dos personas que mandaban, Jesús Gil, el regidor, y José Luis Sierra, jefe de la asesoría jurídica", del que ha dicho que era "la figura del alcalde en el Consistorio".

"El Ayuntamiento tenía un alcalde y un jefe de la asesoría jurídica, de todo lo que yo sea responsable pregúnteme que le contesto y además me autoinculpo, pero de esto no", respondió a la cuestión de quién era el responsable de las supuestas ilegalidades en los trámites de la operación, rechazando que se concertara con el también ex regidor Julián Muñoz para llevar a cabo maquinaciones. En cuanto al Ayuntamiento, incidió en que no hay perjuicio en las tasaciones de los terrenos para sacarlos a subasta y en que "difícilmente se puede ver perjudicado" cuando -recalcó- el Consistorio invirtió 200 millones de pesetas y la valoración de lo que se ha quedado valía más de 550 millones.

C. C., el hombre de 39 años acusado de querer asesinar a su esposa, de 29 años, tras prender fuego a la chabola en la que ella se encontraba en un descampado en Almería, tiene antecedentes policiales por agresión sexual sobre otra mujer, según informaron fuentes policiales. El detenido fue denunciado el 14 de febrero por la mujer, quien había requerido la presencia policial ante unos presuntos malos tratos, por lo que quedó registrada en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). La denuncia no llegó a ratificarse y no se decretaron medidas de protección.

C. C. permanecía ayer en dependencias policiales y la mujer sigue en estado grave en la UCI de la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.