El consejero de Empleo, Manuel Recio, eludió ayer hace comentario alguno sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a un diputado andaluz, el socialista Ramón Díaz, que tomó posesión del cargo en abril y al que el PP implicó en la trama de los ERE días antes de tomar condición de aforado.

Recio se limitó a contestar ayer al ser cuestionado que la Junta "remitirá toda la documentación que sea solicitada" por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles irregularidades en expedientes de regulación de empleo.

El consejero evitó mencionar expresamente el caso de Díaz, aunque insistió en que "toda la documentación que sea pedida por el juzgado, la Junta va a colaborar como viene haciendo hasta este momento, al cien por cien".

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga una posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, un nuevo escrito en el que reclama que sea recabada información en cuanto al "cargo, funciones e intervenciones" de Díaz en las subvenciones concedidas a la sociedad Saldauto para su reestructuración. El Ministerio Público pide además a la juez Mercedes Alaya que requiera abundante documentación sobre las ayudas libradas para esta sociedad, toda vez que en el ERE promovido en 2007 por Saldauto fueron detectados tres intrusos.