Todos los gobiernos autonómicos no gobernados por el PP están en mayor o menor medida en pie de guerra contra las medidas de ajuste ordenadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cumplir el déficit en 2016, y en castigo por fallar con el objetivo en el pasado año. El presidente del Govern, Carles Puigdemont, tomó ayer la iniciativa y aseguró que en las últimas horas había llamado a los presidentes de Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura con el fin de transmitirles su apoyo y plantearles la configuración de una frente común contra la "norma injusta" de reducción del déficit que Cristóbal Montoro exige a las comunidades, que a Andalucía supondría un "tijeretazo" de 600 millones de euros.

Puigdemont alentó a la rebeldía contra el Gobierno central y aseguró que a los presidentes autonómicos que Cataluña "estará al lado de los ciudadanos de los recortes que sufrirán por culpa de la norma injusta de Montoro". También acusó al ministro de Hacienda de tener una actitud inaceptable hacia las comunidades y que representa un sistema que impide que las comunidades puedan prestar servicios de calidad a sus ciudadanos, poniendo en riesgo las empresas y los derechos de los trabajadores.

La Junta no respondió ayer a la invitación, como si hizo, por ejemplo, el presidente de Extremadura, el también socialista Guillermo Fernández Vara, quien rechazó la propuesta. "A mí el frentismo no me va", explicó el líder extremeño, quien comentó que cuando el presidente catalán se puso en contacto con él le contestó que el déficit debe solucionarse con diálogo y en foros como la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Susana Díaz ya anunció el pasado jueves en el Parlamento que lo que espera es una reunión con las comunidades implicadas y Hacienda. Y que mientras recibe respuesta a su petición, su intención como presidenta del Ejecutivo andaluz es "no recortar por una orden de un Gobierno interino".

El portavoz del PSOE de Andalucía en la comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, el cordobés Jesús María Ruiz, volvió a incidir ayer en esta postura y afirmó que Andalucía "no va a permitir, como pretende el Gobierno del PP, que se desmantele el Estado de bienestar". Además, Ruiz acusó al Gobierno de Rajoy de estar "en funciones, pero en funciones destructivas, pues no trabaja para eludir el fraude fiscal, pero sí lo hace para atacar a las comunidades autónomas". Según el portavoz socialista, el Gobierno del PP "es el que ha cometido los errores, el que ha llevado a cabo medidas irresponsables y electoralistas de rebaja del IRPF, el que ha puesto freno a las políticas sociales y el que ataca la autonomía de las comunidades autónomas".

Por el contrario, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, pidió a Díaz que "no mienta" porque la no disponibilidad de gasto que ha reclamado Hacienda a las comunidades que no han cumplido el déficit no afecta "en ningún caso" a los servicios esenciales como son la educación, la sanidad o los servicios sociales. "Lo que solicita el Gobierno es que se evite el despilfarro, no se piden recortes", explicó. Sanz defendió así que el Ministerio haya enviado cartas a 12 comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit en 2015 para que, en un plazo de 15 días, aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria.

Sanz destacó que hay comunidades que sí han cumplido y aseguró que habría que preguntar a Díaz por qué Andalucía no tomó medidas para cumplir el déficit, a quien reclamó responsabilidad a seguir "haciendo esfuerzos" para cumplir. "Esto no es un invento del Ministerio de Hacienda, sino el cumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria" por lo que "no es imputable al Gobierno".

Sanz pidió a la presidenta de la Junta que "en vez de echar las culpas de todo" al Gobierno central, debería reconocer que dicho Ejecutivo se "ha volcado" con Andalucía, que se ha ahorrado 4.000 millones en intereses durante la pasada legislatura, gracias a los mecanismos de liquidez y que ha recibido 3.000 millones extraordinarios en 2015 "a coste cero", lo que hace un total de 29.000 millones en diferentes instrumentos de liquidez a lo largo de la legislatura. "Por qué el Gobierno andaluz sabiendo que tenía que cumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria no tomó las medidas, no de recortes, sino de reorganización del gasto, gastar mejor y evitar duplicidades y desbarajustes", se preguntó.

Sobre los gastos derivados del tratamiento de la Hepatitis C, Sanz dijo que Andalucía sabía que en el acuerdo consistía en que el Gobierno central afrontaría el gasto y que después se imputaría al conjunto de las comunidades.