El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Podemos), está siendo investigado por presunta prevaricación en un asunto relacionado con la casa club del campo de golf Villanueva, situado en el Barrio Jarana. La denuncia partía del grupo municipal del Partido Andalucista después de que el equipo de gobierno paralizase el expediente de desahucio de la casa club, que el PA inició unos meses antes de abandonar el gobierno.

El asunto viene de lejos. En el año 2005, el Ayuntamiento de Puerto Real recibió la obra urbanística del Villanueva Golf, a cuya acta se le incorporó un documento en el que se autorizaba a la empresa propietaria del campo la ocupación de una zona verde para instalar la casa club. Era una autorización en precario mientras que no se construía la definitiva en la zona urbanizable del campo.

El desarrollo de Villanueva no fue el esperado y en el año 2014 se cerró el campo. Por lo tanto, después de que no se hubiesen cumplido los compromisos de construcción, se inició un expediente de desahucio administrativo de esa edificación.

El inicio del expediente coincide con los intentos de la promotora de lograr que Villanueva volviese a abrir sus puertas a través de la venta o el arrendamiento de las instalaciones. Para ello consideraban imprescindible que la casa club siguiese funcionando y así se lo hicieron saber al Ayuntamiento, a través del ex concejal de Deportes, Andrés Rodríguez.

El equipo de gobierno de Sí se puede y Equo dijo ayer que consultó a los vecinos de la zona, que manifestaron su interés por el campo de golf, "por ser un proyecto que generaría empleo en la ciudad y por lo costoso que sería para cualquier empresa ponerlo en marcha si seguía cerrado por más tiempo".

Así, en el pleno del mes de septiembre de 2015, en el que se iba a aprobar la propuesta de desahucio administrativo, el gobierno local optó por retirar el punto del orden del día, paralizando el desahucio y ampliando el plazo por tres meses para intentar regularizar la situación.

Pero en esos tres meses no se produjo ningún tipo de avance y no se resolvió nada al respecto. Finalmente, en el mes de enero se dio por finalizado el expediente de desahucio porque fue la propia empresa la que renunció a ocupar la casa club y el Ayuntamiento recibió el inmueble.

Fue en ese momento cuando el PA presentó la denuncia en el juzgado de Puerto Real por presunta prevaricación. Antonio Romero tendrá que prestar declaración, en calidad de investigado, a finales de septiembre. Una vez la casa club ya estaba en manos del Ayuntamiento, se dio un paso más para salvar escollos legales. En el acta de autorización precaria del terreno, que se firmó en 2005, se concedía la ocupación de 300 metros. Sin embargo, la construcción fue mayor y superaba el 5% de edificabilidad que la Ley del Suelo permite en zona verde.