La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía se ha unido a las voces críticas sobre la postura de la Junta de Andalucía en el debate sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y mostró ayer su malestar por la "demagogia" del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, sobre la asignatura y el profesorado de Religión.

Para el sector de Enseñanza de la CSIF-A, el anuncio del consejero de intentar reducir "al mínimo" las horas docentes de Religión, porque "esta materia será ahora evaluable" y porque la Lomce la establece "como una materia que se debe cursar y no como una mera alternativa frente a otras disciplinas", es "pura demagogia política".

Al margen el derecho que le asiste a la Consejería de fijar un horario u otro y que le confiere la la llamada Ley Wert para las materias específicas entre las que se encuentra la Religión (así como Educación Física, Educación Artística o Segunda Lengua Extranjera), "la Consejería no puede usar informaciones sesgadas, ni fundamentar sus decisiones políticas en argumentos en los que se falta a la verdad", denunció Francisco Hidalgo, presidente del área de Enseñanza del sindicato de funcionarios en Andalucía.

Este sindicato defiende que la Religión siempre ha sido evaluable y lo seguirá siendo con la Lomce, y que es una asignatura voluntaria y opcional desde los comienzos de la democracia y lo seguirá siendo con la nueva ley.

Por tanto, para el consejero, con tantas declaraciones, "parece que el punto más importante de la nueva Ley Educativa fuera la asignatura de Religión, cuando en realidad es uno de los aspectos menos significativos de esta nueva reforma", valora la central. En este sentido, ha precisado que lo que sí cambia es el estatus de la asignatura alternativa que es la que cursan los alumnos que no eligen Religión.

Esta alternativa volverá a tener unos contenidos (Valores sociales en Primaria y Éticos en Secundaria) y será evaluable igual que hasta ahora lo era la Religión.

La mayor preocupación para el CSIF-A son los casi 3.000 profesores que imparten Religión en centros públicos de Andalucía, ya que, "si el consejero pretende hacer bandera política, el único perjudicado va a ser el profesorado".

Ha alertado de que las medidas que pretende adoptar la Consejería son "gravísimas" porque estos trabajadores, que son contratados por horas y que entraron legalmente en el sistema educativo, de acuerdo con una norma ratificada como legal por el Tribunal Supremo y el Constitucional, se verán en el paro en un alto porcentaje o, en muchos casos, tendrán que aceptar una jornada y sueldo reducido.