Los funcionarios municipales del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) detenidos en la tarde del miércoles por un delito de malversación de fondos públicos prestaron ayer declaración tras pasar toda la noche en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional. Ambos, un hombre y una mujer, C.R.G. y M.J.L.D., están acusados de ser los responsables de la desaparición de 468.623 euros de la Caja municipal, que custodiaban y controlaban en las dependencias del área de Economía y Hacienda desde hace 25 años.

Este importe sólo recoge el primer trimestre de este año, periodo investigado por el propio Ayuntamiento y la Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscaliza desde diciembre las cuentas municipales fruto del plan de actuaciones previsto por este organismo para 2008.

Fuentes de la investigación confirmaron que la cifra queda abierta a un incremento considerable -llegando incluso a darse cifras millonarias- de constatarse que esta práctica ilícita se realizara con anterioridad. También, puntualizan estas mismas fuentes, podría haber más implicados según la declaración de uno de los funcionarios, que apuntó a cargos de mayor responsabilidad.

A primera hora de la mañana de ayer comenzó a declarar la funcionaria detenida, que al parecer tiene un grado de implicación menor en el caso. Al hombre se le prestó declaración a última hora de la tarde del miércoles, y en un principio no quiso responder a ninguna de las cuestiones que se le formularon. Sólo hablaría, así lo declaró en un principio, en presencia del juez instructor.

Los dos solicitaron ser representados por abogados de oficio y ambos pasaron la noche de ayer en las dependencias de la Policía, a la espera de pasar hoy a disposición judicial. Los efectivos policiales no agotarán el plazo máximo de 72 horas establecido para mantenerlos retenidos antes de pasarlos a manos de la justicia, pero sí lo estiraban una jornada más ante la aparición de nuevos datoso.

Unas pruebas que obligaban a ampliar los cauces de la investigación para completar las diligencias que recibirá la juez instructora. También estaba previsto el registro de los domicilios de ambos acusados, así como de la inmobiliaria Nora, propiedad de C.R.G., muy próxima a las dependencias de Economía y Hacienda.

Uno de los objetivos de los registros en el domicilio particular del funcionario y la inmobiliaria es encontrar de 6.000 a 7.000 euros procedentes de la caja de cuentas municipal. La Policía Judicial también tomó declaración a la tesorera y el interventor. Estos trabajadores municipales fueron los encargados de interponer la denuncia el miércoles, para la que presentaron un resumido informe de cuentas que detallaba las imprecisiones de la caja.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo está comprobada la existencia de 672.290 euros y un gasto de 214.528 euros, por lo que el balance de cuentas de la tesorería debería arrojar un saldo de 488.198 euros. Sin embargo, la caja sólo contenía 19.475 euros, así que el desfase económico alcanza los 468.723 euros.