El Parlamento aprobó ayer la ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad con el rechazo del PP y la abstención de IU. La norma finaliza su trámite legislativo tras un año en la Cámara y sin el apoyo explícito de los populares, que mostraron su rechazo a un texto que cuenta con una memoria económica de 1.300 millones de euros anuales y viene a remozar una norma que databa de 1999.

El paso por la comisión de Igualdad y Políticas Sociales ha convencido a casi todos los grupos para apoyar esta ley. Sólo los populares, por boca del diputado granadino Vicente Valero, rechazaron el dictamen final de pleno tras tumbar PSOE y Ciudadanos las 99 enmiendas que había presentado su partido y que llegaron a la votación de ayer. Elena Cortés, de IU, motivó la abstención de su grupo en "la falta de memoria económica y de plazo de ejecución" de la norma.

Finalmente, el texto salió adelante con los 55 votos positivos de PSOE y Ciudadano, a los que hubo que sumar los 15 de Podemos, que se sumó tras lograr incluir cuatro de sus enmiendas durante el debate en el Pleno. Las modificaciones de última hora se refieren a la eliminación de las pruebas memorísticas en las oposiciones para los discapacitados psíquicos, la mejora del acceso de los menores discapacitados al colegio que les corresponda por residencia y el mantenimiento de los servicios de atención temprana para los menores que sean escolarizados.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, destacó que el texto tendrá un carácter transversal, puesto que implica a su departamento, pero también a los de Salud, Educación, Fomento y Vivienda, Empleo y Hacienda y Administración Pública.