La Fiscalía de Granada ha pedido penas de cárcel que suman 1.122 años para un total de 334 acusados de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial que, a través de un entramado de sociedades ficticias, defraudaron presuntamente más de 2,5 millones de euros en concepto de subsidios por desempleo.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso, el Ministerio Público relata que ocho de los acusados urdieron un plan para lograr de manera fraudulenta prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades.

A través de estas sociedades, en ocasiones creadas mediante personas interpuestas, defraudaban al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) y a la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que era entregada por cada supuesto trabajador. Para ello, estas ocho personas -a quien la Fiscalía considera los principales acusados- tramitaron las altas de los ficticios trabajadores en la Seguridad Social a través de numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo ficticio elaborado expresamente para ello.

El trabajador permanecía de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo. Los acusados presentaban ante el servicio de empleo la documentación necesaria para acceder a los subsidios. Para la consecución de estos fines, tres de los acusados, por sí solos o a través de algunos de los otros imputados, constituyeron y administraron hasta once sociedades con distintos domicilios en Granada y dedicadas todas ellas de forma ficticia a la construcción.

Los supuestos empresarios dieron de alta en la Seguridad Social a todas esas sociedades, que carecían de actividad en el sector de construcción y tampoco tenían domicilio real. En otras ocasiones la finalidad perseguida era el favorecimiento en la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros a través de los certificados de empresa correspondientes.

El total de las prestaciones y subvenciones concedidas indebidamente asciende a 2.500.959 euros, cantidad con la que los ocho principales acusados deberán indemnizar al antiguo INEM, mientras que el resto deberá abonar cantidades que oscilan entre los 1.221 y los 24.275 euros. Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de seis delitos de fraude de subvenciones referidos a diferentes ejercicios de 2007, 2008 y 2009, de los que serían responsables como autores o cooperadores necesarios los ocho principales acusados, para quienes se piden 18 años de prisión y multas de hasta 802.376 euros.

A los restantes acusados, un total de 326, se les atribuye a cada uno un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que se enfrentan a tres años de prisión y multa de 3.600 euros.

De forma alternativa, la fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa, por el que pide seis años de cárcel y multa para cada uno de los ocho principales acusados, y otros 326 delitos de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documento oficial, por el que solicita tres años de cárcel y multa para los restantes procesados. Según el Ministerio Público, procede declarar la nulidad en la vida laboral de los acusados los periodos fraudulentamente cotizados y de los permisos de trabajo y residencia otorgados.