El ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo ha insistido durante su declaración como acusado ante el tribunal que juzga la causa de la ayuda a Fumapa en que la inversión se realizó contando con todos los informes necesarios "aunque ahora no aparezcan por ningún lado". De hecho, la defensa de Jacinto Cañete y Ramón Martín, ejercida por Juan Carlos Alférez, interrogó a Pérez-Sauquillo sobre un documento donde se registraban las operaciones realizadas con cada empresa por parte de Invercaria en el que aparecía recogida la existencia de un plan de negocio completo, notificaciones al promotor, resumen ejecutivo, etc. Aunque esos documentos no están en la causa. "Había plan de negocio, con seguridad absoluta", aseveró. Asimismo, volvió a recalcar que todas las inversiones realizadas fueron analizadas. 

De este modo, recordó que él tenía la potestad de aprobar inversiones de hasta 450.000 euros sin pasar por el Consejo de Administración, por lo que no era un trámite necesario para la de Fumapa, que fue de 300.000 euros. A preguntas del fiscal, explicó que la ayuda pasó por el Consejo porque era relativa al sector industrial, un área que no conocía, "aunque sí el funcionamiento financiero", matizó. 

Según el ex presidente de Invercaria, este desconocimiento del sector industrial hizo que consultara acerca de Fumapa al consejero Vallejo, "que además era de la zona". Al parecer, la empresa tenía una experiencia de 20 años en el sector y actuaba como auxiliar de Santana Motor. 

Pérez-Sauquillo, que como en juicios anteriores referidos a Invercaria, calificó la sociedad como "no puramente de capital riesgo", explicó al fiscal que el contacto con los directivos de Fumapa fue a través de una serie de reuniones que realizaron con empresarios en diferentes puntos de Andalucía para darse a conocer. "Yo no los conocía, de hecho todas las reuniones las tuvieron con uno de los directores del departamento de análisis, Cristobal Cantos".

El ex presidente de Invercaria entiende que Cristobal Cantos realizó un informe favorable a la inversión, aunque la Fiscalía sostiene lo contrario al entender que es desfavorable "por la situación comprometida de la empresa", que habia empezado a dar beneficios el año antes de recibir la ayuda de Invercaria. Este informe, al que Pérez-Sauquillo se refirió como "documentito" daba según el acusado un resultado positivo a la inversión que apostilló que esta ayuda "se necesitaba estratégicamente para las empresas de la zona".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con los préstamos que por importe de 359.581,6 euros concedió esta sociedad pública andaluza de capital riesgo a la empresa Fumapa.