La Cámara de Comercio de Gibraltar asegura que la recesión económica mundial aún no se ha hecho notar en el Peñón, aunque admite que la incertidumbre es palpable. De hecho, Edward Mcquisten, consejero delegado de este organismo, reconoce que los comercios y el sector inmobiliario ya han dado la voz de alerta. "Las compras están bajando a pesar de que los precios son ahora más asequibles debido a la devaluación de la libra. En cuanto al sector inmobiliario, no sabemos si ha descendido ya el número de transacciones. Lo que sí sabemos es que también están bajando algunos precios aunque se mantienen altos, sobre todo aquellos que ya lo eran antes", explicó.

Sin duda, la situación preocupa y, por este motivo, el Gobierno británico ha anunciado esta semana que llevará a cabo un estudio independiente de los centros financieros de sus territorios de ultramar, entre ellos Gibraltar. La realización de este estudio ya aparecía recogida en el informe previo del presupuesto de 2008. Este estudio se centrará en los principales retos a los que a corto y largo plazo tendrán que enfrentarse estos centros dentro del actual clima económico: supervisión financiera y transparencia; impuestos en relación a la estabilidad financiera, la sostenibilidad y la futura competitividad; cooperación internacional; y gestión de la crisis y adopción de acuerdos de resolución.

En Gibraltar, el departamento del centro financiero forma parte del Ministerio de Finanzas. En su calidad de responsable de este área, el ministro principal, Peter Caruana, tiene competencias específicas en servicios financieros y asuntos fiscales. La semana pasada, éste anunció que el Gobierno de Gibraltar va a proponer en el Foro de Diálogo firmar un acuerdo con España para garantizar la transparencia de las operaciones fiscales en el Peñón.

Por otra parte ,el Gobierno británico aceptó en 2005 las condiciones de la Comisión Europea (CE) para desmantelar, de aquí a 2010, las exenciones fiscales de que disfrutan ciertas empresas constituidas en Gibraltar pero que no realizan actividad comercial o empresarial en el Peñón. Ésto significa que la colonia dejará de ser un paraíso fiscal. En virtud del actual régimen, estas compañías no están sujetas al impuesto estándar del 35% sobre los beneficios, sino sólo a una pequeña tasa fija anual de entre 350 y 500 euros. Sin embargo, las más de 8.000 sociedades beneficiarias desde antes de 2004 no podrán mantenerlo más allá de 2010.