El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desistido del recurso que interpuso ante el Tribunal Constitucional contra el conocido como "superdecreto" de la Junta. De este modo, la que es la actuación legislativa más importante del Gobierno andaluz salva un importante escollo, aunque en el Constitucional aún se mantiene un recurso de 50 senadores socialistas. Desde San Telmo se opina, sin embargo, que el acuerdo entre ambos gobiernos supone un varapalo político para la actuación de estos representantes.

La extinción de este recurso de inconstitucionalidad se debe a que el Gobierno central y el andaluz llegaron a varios acuerdos en el seno de la comisión bilateral, y suponían la retirada o modificación, por parte de la Junta, de los artículos que Moncloa entendía que invadían competencias estatales. Básicamente, eran dos, una relativa a la protección del patrimonio y otra, relacionada con la prohibición de emitir publicidad por parte de emisoras de radio que funcionan de modo irregular. A cambio, el Gobierno central se comprometía a retirar el recurso, lo que finalmente pasó el pasado 28 de abril por desistimiento.

El recurso que los senadores presentaron no suspende la vigencia del decreto ley 2/2020. Este modifica 21 leyes y seis decretos troncales, y supone una notable eliminación de procedimientos burocráticos en casi todos los campos de actuación de la Junta. El Gobierno de Juanma Moreno se apuntaba con este decreto un primer hito reformador en su legislatura, aunque este proceso ha decaído como consecuencia de la pandemia. Sí se acaba de presentar una proposición de ley en el Parlamento que supone una importante reforma fiscal. 

El recurso de los 50 senadores socialistas, sin embargo, apela a otras razones, y es que el decreto se aprobó en la fase más aguda de la pandemia por la diputación permanente de la Cámara, no por el pleno, que estaba suspendido en aquellos días. El Gobierno andaluz alegó que la repercusión económica que se buscaba estaba relacionada con los efectos de la pandemia. Desde el PP se ha solicitado al PSOE que retire ese recurso.  

La reforma introducidas por la Junta en el ámbito del patrimonio implica que la realización de cualquier obra que supongan una intervención mínima deberá ser comunicada con carácter previo a la Consejería competente. Respecto a las discrepancias suscitadas en torno al apartado cuatro del artículo 28 del Decreto Ley 2/2020, la Junta asume el compromiso de un desarrollo reglamentario en el que se precise que los operadores en cadena de radio cuentan con el correspondiente título habilitante de conformidad con la legislación estatal.