Las puertas del Parlamento andaluz se abrieron ayer por primera vez para los indignados del 15-M, quienes entraron con un decálogo de exigencias bajo el brazo para los partidos y con el objetivo de impulsar la democracia participativa. El documento es una corrección en profundidad de la proposición de ley del PSOE para modificar la Ley sobre la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, que consideran a todas luces "insuficiente" por limitarse a una simple rebaja del número de firmas necesarias -de 71.000 a 40.000-, a la creación del escaño 110 -permitiría a un portavoz de la iniciativa defenderla en la Cámara- y la instauración de la firma digital.

Su propuesta tendría como elemento fundamental el abrir el catálogo de asuntos sobre los que los ciudadanos propondrían legislar. En la actualidad, hay una docena de temas que están vetados de tal manera que en materia de economía, empleo, transportes, presupuestos, Ley Electoral o la organización de la administración tan sólo pueden debatir los partidos con representación parlamentaria, con lo que queda excluida la voz de la calle. El objetivo de levantar esa limitación temática es forzar a que los partidos tengan que debatir aquello que de verdad interesa a la ciudadanía y retratarse con su voto, en definitiva, poner fin a su monopolio a la hora de decidir sobre qué se legisla, aunque siempre tendrán la potestad de aprobar o tumbar las leyes.

Como explicaron los representantes de la Plataforma Iniciativa Legislativa Popular 15-M, José Cosín y Rafael Palomo, tras su comparecencia en comisión parlamentaria, las leyes "están muy separadas de la voluntad popular" y de lo que se trata es de avanzar para que la "partitocracia" dé paso a una "democracia participativa" y que "el derecho de la participación ciudadana a la vida pública sea real". Algo que consideran que hoy por hoy no existe, si se atiende a que en 30 años tan sólo se han admitido a trámite dos iniciativas populares en la Cámara andaluza.

En este decálogo también se abordan aspectos prácticos para que de verdad la iniciativa legislativa popular prospere, como dar facilidades para la recogida de las firmas con la reserva de un espacio informativo en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y en medios de comunicación, o agilizar el trabajo de los fedatarios -verifican la autenticidad de las firmas- para que estos no tengan que comparecer en Sevilla sino en sus respectivas provincias, y abrir una línea de crédito para que se pueda pagar los gastos de desplazamiento porque, de lo contrario, estarían en desventaja respecto de los partidos políticos que sí cuentan con recursos económicos.

Dentro de estas cuestiones prácticas, también está el que esta reforma de la ley tenga carácter retroactivo para las iniciativas que ya están admitidas a trámite, como así sucede con la registrada por el 15-M y que vendría a regular esta misma materia.

Este decálogo tuvo una tibia acogida por parte del PSOE y del PP, que no fueron más allá de expresar buena voluntad, mientras IU hizo prácticamente suyas todas sus reivindicaciones.