El Parlamento ha aprobado, sin ningún voto en contra, la proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Función Pública para reconocer a los funcionarios los servicios prestados como personal interino, de forma que se pueda computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna. La nueva norma ha contado con el respaldo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP e IU, grupo este último que presentó una enmienda, que ha sido rechazada.

La proposición de ley ha sido aprobada después de que el 23 de septiembre de 2015 el pleno del Parlamento derogase el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno. El grupo socialista presentó días después la proposición de ley aprobada ahora para "desbloquear" la situación creada, que afectaba a más de 21.000 empleados públicos.

La reforma legal aprobada añade dos nuevos apartados a sendos artículos de la Ley de Ordenación de la Función Pública, con el objetivo de "valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos" tanto en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo como en los de promoción interna, en los que se computarán los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino. La citada modificación legal entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante la defensa de la proposición de ley, la diputada del PSOE Brígida Pachón ha subrayado que ésta tiene por objeto "resarcir el atropello" que supuso la derogación del decreto ley y dar una "solución" a más de 21.000 trabajadores de la Junta. "El objetivo es hacer justicia, lo que constituye un compromiso y una responsabilidad", ha enfatizado la portavoz socialista, que ha recordado que la antigüedad, como mérito baremable, ha sido el centro del debate en recientes procesos judiciales sobre los procedimientos de promoción interna y provisión de puestos de trabajo convocados en la Junta, procesos en los que los tribunales han llegado a conclusiones "contradictorias". Según el PSOE, era necesario adoptar decisiones normativas que garanticen una gestión "estable" de los procesos de promoción interna y de provisión de puestos de trabajo.

El parlamentario del PP José Venzal ha recordado que es "la tercera vez" que llega al Parlamento una norma en materia de función pública y, dirigiéndose a la consejera de Hacienda y Administración Pública, le ha espetado: "No acierta", lo que ha achacado a que el Gobierno andaluz utiliza la técnica legislativa del "error-ensayo". El PP ha acusado a la Junta de haber "manipulado" a los empleados públicos y los sindicatos con la cuestión de la trasposición de la directiva europea, y ha opinado que "no hacía falta todo esto". "Trasponen la directiva con retales y a medias", ha denunciado Venzal, que ha considerado que lo que hace falta de verdad es que el Gobierno andaluz traiga a la Cámara una Ley de Función Pública.

La portavoz de Podemos, Begoña Gutiérrez, ha considerado que el problema del reconocimiento de los servicios prestados por los funcionarios en su etapa como personal laboral debía estar ya resuelto, y ha recordado que su grupo presentó un proyecto normativo que fue rechazado por el PSOE. "Deben pedir perdón por plagiar una ley que presentamos tres días antes", ha espetado Gutiérrez, que ha rechazado la enmienda de IU al considerar que podría suponer "un hipotético reconocimiento a los laborales que trabajan en las agencias públicas", lo que genera "dudas" sobre su legalidad. Podemos se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno andaluz en esta materia y, tras acusarle de "arbitrariedad", ha asegurado que se ha convertido en "un verdadero peligro" porque utiliza "atajos" para eludir controles "imprescindibles" en beneficio de los gestores y no de la gestión.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, que ha apelado a actuar "con responsabilidad" tras lamentar que "desgraciadamente, no todos los grupos han ido en la misma línea", ha respaldado la proposición de ley del PSOE al considerar que las modificaciones propuestas van en la línea de una "necesaria armonización" en el conjunto del Estado. "Por qué en Andalucía resulta tan difícil ponernos de acuerdos cuando los mismos partidos están en otras cámaras territoriales", se ha preguntado Hernández, que ha agregado: "Todos somos responsables de lo que sucede, pero Ciudadanos no va a ser cómplice de que estas cuestiones se prolonguen por más tiempo".

La portavoz de IU, Elena Cortés, ha defendido la enmienda presentada por su grupo tras subrayar que los propios servicios jurídicos del Parlamento advirtieron de que el texto legal podía general "desigualdad" entre los empleados públicos, en referencia al personal laboral. Por eso ha considerado "de justicia" la valoración de los puestos de trabajo desempeñado como personal laboral fijo de la administración.