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Andalucía

El Parlamento presiona a Montero en la previa del Consejo de Política Fiscal

  • El PSOE rechaza una proposición impulsada por el PP que solicitaba a Hacienda el pago de los 537 millones del IVA de 2017 y otros 127 millones de la financiación autonómica

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE

El Gobierno de la Junta y los partidos que lo sostienen, PP y Ciudadanos, sumaron ayer un nuevo elemento de presión en la disputa que mantienen con María Jesús Montero por financiación autonómica y, sobre todo, por la reclamación de los 537 millones de euros del IVA de 2017. El Parlamento dio luz verde a una proposición no de ley de los populares que denuncia el carácter “lesivo” de la “decisión” del Ministerio de Hacienda de no pagar la mencionada cantidad del IVA y 127 millones de euros más que, consideran en el Ejecutivo regional, el Estado debe a Andalucía por las entregas a cuenta de 2010 y 2020.

La mayoría que sustenta al Gobierno de Juanma Moreno, PP, Ciudadanos y Vox, hizo una nueva muesca en su catálogo de críticas a Montero, a quien la Cámara ya reprobó hace unos meses por su incomparecencia en la comisión sobre la Faffe. La presión ejercida ayer por el Parlamento de Andalucía se produce a menos de 24 horas de la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de los últimos dos años.

A la votación que se produjo ayer a última hora de la tarde en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas hay que buscarle un contexto estatal. Los socialistas andaluces, antes de la votación, solicitaron a los territorios acudir con propuestas “constructivas al encuentro”. Por su parte, el portavoz de la confluencia, José Ignacio García, se mostró crítico con el retraso en los pagos, pero no apoyaron una iniciativa en contra de un Gobierno en el que Podemos es parte interesada. Eso no los libró de las críticas de PP, Ciudadanos y Vox por rechazar una proposición que defiende la llegada de fondos a Andalucía.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a la Administración central y las autonomías, se abordará la nueva senda de estabilidad, es decir, la capacidad de endeudamiento que tendrán las regiones en 2020 y los años sucesivos. No obstante, es muy probable que la polémica del IVA centre la discusión entre la ministra y los consejeros regionales de hacienda.

Tanto populares como socialistas coinciden en la reclamación del pago de los 2.500 millones que el Estado no devolvió al resto de comunidades por una maniobra contable que se remonta al periodo de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Su sucesora, la sevillana María Jesús Montero, ha reconocido en varias ocasiones que ese dinero no llegará.

El problema es que los 537 millones figuran en el capítulo de ingresos de los Presupuestos de la Junta cuya ejecución finalizó el 31 de diciembre de 2019. Esto significa que el dinero ya se ha gastado y, previsiblemente, computará como déficit en las cuentas públicas del año pasado, lo que puede generar problemas para el Gobierno de la Junta a nivel financiero.

La titular de Hacienda ha dicho que no puede pagarse el dinero, que la oportunidad se perdió con el rechazo de PP, Ciudadanos y los independentistas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. En dicho texto, Montero dibujó la fórmula para devolver los 2.500 a las regiones, ya que fue el año pasado cuando se liquidó el sistema de financiación autonómica de 2017. Lo que sí hará, dijo el miércoles Montero, es tomar “medidas paliativas”.

Esa expresión ha generado toda clase de especulaciones, pero el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargó de dar pistas tras su reunión con Quim Torra en Barcelona. En el Consejo de Política Fiscal, Montero propondrá una senda de estabilidad menos exigente con las regiones. Ya lo intentó en 2019, la idea cayó al mismo tiempo que el proyecto de Presupuestos. Con el final de 2020 en el horizonte, volverá a intentarlo, a pesar de que el objetivo vigente pasa por alcanzar el equilibrio presupuestario.

La duda es si esa relajación del objetivo de déficit irá aparejada al pago de los 537 millones o parte de los mismos. En cualquier caso ese dinero no podrá invertirse. No sólo porque ya se hizo en 2019, sino porque la Consejería de Hacienda se comprometió con la Airef a que, en caso de recibir el dinero del IVA, serviría para computar la deuda generada por esos gastos ya realizados en el anterior ejercicio. La Airef, siglas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya alertó el año pasado del problema del déficit generado por el IVA, una situación que no es exclusiva de Andalucía, razón por la cual el equipo de Juan Bravo alcanzó ese compromiso.

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