LA vida de Isabel Pantoja alterna rosas y espinas, copla y torero, el Tardón y Barbate, una mala carretera de Pozoblanco y un lujoso apartamento en Guadalpín, pero ahora la tonadillera entrará por la puerta grande de ese otro Derecho que también se escribe a golpe de titular. La cantora es una de las pocas penadas a dos años de prisión que entra en la cárcel en España. Sus delitos son graves, bastante; digamos que, siendo ya Julián Muñoz un reconocido delincuente, puso la cobertura empresarial de su profesión de artista para lavar el dinero que su novio sacaba del Ayuntamiento de Marbella. Entre el dinero de los conciertos y los discos, era fácil hacer confundir el otro parné negro. Y, así, según la sentencia que la condenó, compró un apartamento en el Guadalpín, la casa de La Pera y recibió sustanciosas transferencias gracias al trasvase de fondos de Muñoz. Eso es lo que apreció el tribunal que la condenó, pero los jueces de la Malaya se cuidaron mucho de condenarla sólo a dos años. Para no meterla en la trena; hubiera bastado subir en la horquilla de la pena del mismo delito para haberla enviado a prisión si más dudas. Es lo que ocurrió con Mayte Zaldívar.

Es más, cabe recordar ahora que la Fiscalía solicitó para ambas una condena de tres años y medio por un delito continuado, algo de lo que se libró Isabel Pantoja. ¿Por qué? O para ser más exactos: ¿Por qué la sala de la Audiencia de Málaga que la envía a prisión aprecia ahora, y no hace más de un año, que los delitos son tan graves que merece entrar en la cárcel? Es cierto que es una facultad del juez decidir si una persona con 24 meses de condena debe entrar o no en la cárcel, pero hasta ahora pocos han tenido que ingresar, pocos que no tuvieran antecedentes ni juicios pendientes han cruzado el umbral de los barrotes. O la facultad se objetiviza por otras instancias judiciales o su resolución dependerá, como en este caso, de su repercusión social, un término constitucionalmente en desuso porque detrás de ello cabe todo. "Ejemplar que no ejemplarizante" escribió la Sección Segunda de Málaga en el reciente auto que desestimaba la prisión.

Hace siete años que sucedieron los hechos de la Malaya, y desde entonces Isabel Pantoja no ha vuelto a delinquir, pero ni esto ni la deuda moral del Estado con ella le han valido para seguir durmiendo en su finca de Medina Sidonia. Sí, hay una deuda. El 16 de abril de 2013, a la salida de la Audiencia de Málaga, donde tuvo que acudir a oír la sentencia de la Malaya -un hecho, a todas luces, innecesario-, fue atropellada por una marabunta de detractores, guardias y periodistas. Esa imagen vergonzosa, desmayada dentro de un coche, con las bragas a la vista, nos colocó al nivel de la administración de la Justicia del Far West. Esa fue otra pena.

Pantoja es una tonadillera sin atributos, no le ha dado por pintar ni por escribir autobiografías, ni por hacerse andalucista, parece hecha para nutrir la casquería de los platós de televisión, su vida, como su arte, carece de cualquier interés estético, es una sucesión de hitos trágicos, es un Jack Nicholson encerrado en La Cantora que reza para que amanezca de su pesadilla, su hijo no ha sido ni rejoneador ni abogado del Estado y nadie la va a defender, su vínculo con los mangantes de Marbella la convierten en un personaje torrentiano. Concepción Arenal -qué lejos de ella- dejó labrado este consejo sobre la piedra: odia el delito, compadece al delincuente. Pero de lo que aquí se trata no es siquiera de la solidaridad con una persona que anda entre rejas en Alcalá de Guadaíra, sino de si la administración de la Justicia está tan sujeta a los pendulazos de la opinión pública que el paso de un año la puede volver incoherente, caprichosa y arbitraria.