Comisión, pero sin el sello del PP, aun a riesgo de agravar la imagen de Ciudadanos como comparsa del PSOE. El Parlamento dio ayer su luz verde a la creación de una comisión de investigación que aborde el fraude de los cursos de formación, un asunto que también estudian 18 juzgados en Andalucía pero por la vía penal. Aquí se trata de dilucidar las responsabilidades políticas de los Gobiernos socialistas. Y lo hizo por 108 votos de los 109 que componen la Cámara; todos los grupos, incluido el PSOE, votaron a favor, a excepción de un parlamentario socialista que pulsó el no "por error". La presidenta Susana Díaz, de permiso de maternidad, dio el sí por boca de su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, en quien había delegado su sufragio.

Pero el Parlamento tuvo que votar dos proposiciones de comisión, una de Ciudadanos (C's) y otra del PP, porque aunque se trataban de textos casi idénticos, no se fusionaron. Tanto el PSOE como C's votaron en contra de la del PP, que quedó rechazada por 52 síes frente a 55 noes. En opinión del líder popular, Juanma Moreno, este gesto supone un alineamiento de C's con el PSOE, que queda reforzado por la probable elección del parlamentario onubense Julio Díaz como presidente de la comisión.

El gesto obedece al intento socialista de tratar de quitar al PP el liderazgo de una investigación que llevaba solicitando desde la legislatura pasada y que formuló ante la Cámara antes que C's. Al PP también le resultó "chocante" que Julio Díaz hubiese sido militante del PSOE. Antes de militar en el partido de Albert Rivera, fue concejal socialista durante dos mandatos de la Palma del Condado; aunque es imposible saber si este hecho favorece, o perjudica, a priori al Gobierno andaluz, ya el parlamentario se marchó del PSOE por desavenencias con la dirección provincial que lideraba Mario Jiménez, hoy portavoz socialista en la Cámara.

Basta que el PSOE vote con Ciudadanos en la comisión para que entre ellos decidan cuáles son los comparecientes, cuáles son los tiempos y cuáles son las conclusiones. Sin embargo, esto no es tan sencillo como el PP pueda intuir. Primero, porque el resto de la oposición, Podemos e IU tampoco quieren seguir a los populares en este asunto. De hecho, tanto la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, como el de IU, Antonio Maíllo, criticaron los casos de corrupción que envuelven a los populares. Ambos partidos, por ejemplo, aún no han solicitado la comparecencia de la presidenta Susana Díaz. Prefieren esperar. Y el segundo factor es que Ciudadanos tampoco quiere aparecer como el partido que sostiene al PSOE y menos en asuntos relacionados con la corrupción, el más sensible para sus votantes.

La comisión se constituirá probablemente la última semana de septiembre, por lo que las comparecencias podrían comenzar a mediados de octubre. Si llevase un ritmo parecido al de los ERE, bastaría un mes de intervenciones, por lo que no colisionaría con la campaña electoral de las generales. Sin embargo, la comisión de los ERE se celebró en agosto, cuando no había ninguna actividad en la Cámara. Los plenos y las reuniones de la comisiones sectorales pueden complicar un calendario que, no obstante, parece que no pisará el terreno electoral. PSOE, C's y PP están de acuerdo en ello.

El fraude de los cursos arranca en 2002 y su, digamos, tipología es muy variada: hay engaño a la administración, tanto a la Junta como a la Seguridad Social, pero también bastante laxitud en la concesión de las ayudas, así como en su control. La mayor parte de las empresas quedaron exoneradas de presentar la justificación de gastos anteriores antes de solicitar nuevas ayudas y la convocatoria se hacía sin régimen de concurrencia competitiva. La Guardia Civil y la Policía Nacional calculan el fraude en 3.000 millones de euros, pero la estimación no es sólida debido a que hay varias ramas de investigación en curso. La Junta inició una investigación interna que afecta a los cursos concedidos desde 2008, de la que ha resultado unas peticiones de reintegro de 20 millones de euros que pueden ascender a 70 millones.

El parlamentario popular Carlos Rojas mantuvo desde la tribuna que la Junta ha "exonerado" ayudas "de forma masiva y a su antojo", en una decisión política "que enmascara un fraude gigantesco". Según Rojas, con las ayudas a la formación ha habido "ausencia de control, arbitrariedad, falta de transparencia, clientelismo y un golpe brutal a nuestra comunidad en nuestro principal problema: la creación de empleo". La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet quiso ha querido dejar claro que C's solo tiene un objetivo con esta indicó que su formación no va a vetar la comparecencia de ninguna persona que pueda arrojar luz sobre este asunto. "No nos van a importar sus cargos, sus puestos, ni su pasado o presente porque no nos movemos por intereses partidistas ni electoralistas", añadió.