Los efectos de la crisis no sólo se dejarán notar en la agenda parlamentaria del curso político que acaba de comenzar. La nómina de los 109 diputados también se resentirá, aunque a partir del próximo ejercicio, ya que ante los visos de continuidad de la actual coyuntura económica ya se ha puesto en marcha la maquinaria para la congelación de sus salarios. Una iniciativa en la que excepcionalmente PSOE, PP e IU están de acuerdo, aunque los dos primeros discrepen en la forma de cómo llevarlo a cabo. Y la razón del conflicto está en el Reglamento de la Cámara.

El PP quiso llevar ayer este asunto al próximo Pleno a través de un punto en una proposición no de ley más amplia -abarca medidas como la "subida cero" de los sueldos de los altos cargos de la Junta, la reducción de quince a diez las consejerías y el recorte en un 50% del número de delegados provinciales-, algo que contó con la negativa de los socialistas, que pidieron su retirada.

La interpretación de los populares a la respuesta del PSOE es que éste no quiere aplicarla. "Tienen muchos diputados y habrá opiniones para todos los gustos", justificó la portavoz popular Esperanza Oña, que calificó de "alucinante" su actitud en un momento en el que "el paro crece, los ayuntamientos no pueden pagar las nóminas y las familias tienen dificultades".

Sin embargo, el PSOE no está en contra de la medida. Fuentes socialistas recordaron que fue la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, la primera que la puso sobre la mesa en julio. Justificaron su postura en que su adopción no corresponde al Pleno de la Cámara, sino que es la Mesa del Parlamento a quien compete la decisión, tal y como se recoge en el Reglamento. De ahí que para el PSOE sea "insólita" la propuesta popular.

La interpretación que dan a esta polémica iniciativa del PP es que se trata una estratagema para sembrar la duda sobre su voluntad de dar ejemplo y dejar sus próximas nóminas tal y como están ahora.

El asunto quedará resuelto con un informe jurídico de la Cámara que aclarará si la competencia recae en el pleno o la Mesa del Parlamento.