El PP-A, personado como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha recurrido el auto en el que la juez María Núñez Bolaños archivó la causa abierta el 6 de febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra 12 imputados -uno ya fallecido- por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos toda vez que han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra los mismos.

En un auto dictado el pasado día 15 de marzo, la juez archivó la causa contra estas 12 personas atendiendo así la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo de 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte.

En su recurso, el PP-A pone de manifiesto que dicho pronunciamiento de la juez instructora "no es en parte ajustado a derecho", pues en el caso de Miguel Ángel Sáenz Fernández el auto "se refiere solo" a la ayuda concedida a la empresa El Olivar de los Infantes por importe de 150.252 euros, pagada el 9 de marzo de 2003.

El PP-A cuestiona también que el auto impugnado declare la prescripción de los delitos de Joaquín Llano Heredia o de Beatriz Pérez Martín y solicita que se reforme el auto.